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Trabajadores informales lejos de contar con un seguro social: Un problema a corto y largo plazo
El Diario
La Paz, 11.09.05
El 70 por ciento del empleo en Bolivia y similares porcentajes en los otros países latinoamericanos es absorbido por el sector informal.
Según cifras oficiales, siete de cada diez empleos que se generan en el país se ubican en el sector informal, constituyéndose en un importante colchón contra el desempleo, pero que sin embargo tiene su lado oscuro y es que debido a la precariedad de las condiciones de trabajo, su baja productividad e ingresos, toda esta población se encuentra lejos de acceder a la seguridad social.
Lo grave de esa situación radica en que, en el corto plazo, no solamente se ven desprotegidos los trabajadores activos que no tienen derechos laborales, sino que en el largo plazo, cuando lleguen a la edad de jubilarse no podrán disfrutar de ningún tipo de jubilación, lo que supondrá un serio problema social, aseguraron expertos durante el seminario internacional “Derechos de los trabajadores a la seguridad social: los Desafíos Sindicales en América Latina”, organizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).
“El 90 por ciento del empleo generado en los últimos diez años en América Latina se ubica en el sector informal, y el 90 por ciento de esos nuevos trabajadores no cuenta con seguro social”, sostuvo Ariel Ferrari, representante de los trabajadores en el Directorio del Banco de Previsión Social de Uruguay.
Agregó que “la inmensa mayoría de los trabajadores del sector informal se ubica en los estratos de ingresos más bajos de la sociedad. Muchas veces los ingresos del hogar del trabajador informal no alcanzan a satisfacer la línea de pobreza”.
Magros resultados
Los expositores, entre dirigentes sindicales, expertos en seguridad social e investigadores de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay, además de Bolivia, coincidieron en que son muy pobres, sino contraproducentes, los resultados de las reformas en la seguridad social impulsados durante la década de los 90 en varios países de la región.
Esos magros resultados de las reformas de pensiones motivaron el descontento en sectores laborales que, como en el caso de Chile, la Central Única de Trabajadores (CUT), convocó a un paro nacional para el 5 de octubre (un día simbólico en ese país, pues fue cuando se reinstauró la democracia) contra el sistema provisional vigente en este país.
“Es increíble. Llevamos 20 años de sistema –somos lo que iniciamos este cuento– pero hace ya tiempo que nosotros lo tenemos claro: este sistema no sirve”, sostuvo Francisco Araya Contreras, presidente de la CUT de Valparaíso, al citar el Informe de Desarrollo Humano 2000 del PNUD, donde se indica que el 40 por ciento de la población de Chile no alcanzaría a disfrutar del derecho de una pensión jubilatoria.
“Hoy en día esas expectativas suben al 60 por ciento. Eso va a ser más que grave. La crisis que va a generar va a ser tremenda. Vamos a generar millones y millones de pobres”, agregó el dirigente sindical al plantear un sistema de libre elección, donde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) compitan con las empresas públicas de reparto vigentes antes de la reforma.
“¿Por qué no nos dejan optar?”, cuestionó y puso el ejemplo de que en su país un jubilado del sistema privado percibe rentas que apenas representan un tercio (150.000 pesos) en comparación con otro del sistema público (450.000 pesos).
Larga vida, pero mala
Para Jorge Bernedo, consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en Perú, la región se encamina hacia una “mala vida larga”, es decir que si bien se elevó el promedio de vida de los latinoamericanos no han mejorado las condiciones económicas que acompañen esa tendencia, por lo que es un problema que tal vez no se resuelva ni siquiera con un sistema de reparto solidario.
“¿Cómo garantizar que el ahorro nacional crezca?” Tiene que haber empresas, porque si no hay ahorros ni empresas un gran sector como es el informal y los campesinos, quedarán fuera del sistema. “¿Quién va a mantenerlos cuando lleguen a viejos?”, cuestionó Bernedo.
En ese sentido, los expositores demandaron rescatar la función social del Estado y los principios rectores sobre los que estaba asentado el sistema de reparto (solidaridad, universalidad, integralidad, participación tripartita y control social) sin que esto signifique repetir errores del pasado, es decir de aquel sistema que fue bruscamente sustituido por un sistema privado de capitalización individual.
Objetivos de la reforma
La reforma de pensiones, impulsada desde el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en el marco de las llamadas reformas estructurales, se suponía que disminuiría el peso de la seguridad social en las finanzas del Estado; estimularía a efectuar aportes disminuyendo la evasión; brindaría más alternativas y libertades al trabajador; reforzaría la solidaridad y mejoraría las prestaciones; crearía ahorro nacional; generaría un mercado de capitales o lo desarrollaría donde ya existiera; ofrecería mejores expectativas a las nuevas generaciones; desarrollaría el empleo, la competitividad y la productividad.
• “En realidad, más allá de los modelos aplicados hemos involucionado porque estas reformas supusieron la pérdida de derechos sociales en todos los países donde se aplicaron”, indica Ariel Ferrari, representante de los trabajadores en el directorio del Banco de Previsión Social de Uruguay.
• “La reforma de la década pasada creó un sistema mixto que enfrentó un esquema de pensiones de corte solidario, liderado por el Instituto de Seguros Sociales (ISS), y otro, un sistema de ahorro individual (administrado por fondos privados). No llenó las expectativas; más bien se viene replanteando, dado que ha mostrado su ineficacia no sólo para atender las pensiones de la población de bajos y medios ingresos (no necesariamente pobre ni miserable), sino para convertirse en una herramienta financiera y fiscal apropiada para alcanzar el equilibrio macroeconómico”, dijo a su turno Jaime Alberto Rendón, de la Escuela Nacional Sindical de Colombia.
• La preocupación de los asistentes se orientó hacia aquellas personas que ya llegaron a la edad de jubilación, pero que no pueden acceder a ella. “Todas las personas adultas mayores (de 65 años en el caso argentino), sin importar si aportaron o no en su vida activa, sin importar si tuvieron un empleo formal o informal, deberían tener derecho a un mínimo de ingreso para no morirse de hambre en su etapa pasiva, cuando ya no pueden seguir trabajando. Eso de manera incondicional y financiado por impuestos progresivos”, sostuvo Laura Goldberg, investigadora del Centro Interdisciplinario para el Estudio de las Políticas Públicas (CIEPP), de Argentina.
• Estas reformas no sólo que incumplieron con sus promesas, sino que acarrearon un costo muy alto que derivó en déficit de las finanzas públicas, debido a que el Estado tuvo que cargar con estos costos, situación que las hace insostenibles en el largo plazo, coincidieron los expositores.
• En el caso boliviano, según el CEDLA, el costo del pago de jubilaciones significó para el Estado un salto de 198 millones de dólares en 1997 a más de 386 millones el año 2004.
AFP’s no cumplieron
Una de las promesas con las que se impulsó la reforma de pensiones en los países latinoamericanos fue que con ella se ampliaría la cobertura de la seguridad social a más personas, con todos los beneficios que esto supone. Transcurridas casi dos décadas, las evidencias muestran que se trata de una promesa más que el nuevo sistema incumplió.
“Se suponía que (el nuevo sistema) iba a aumentar la cobertura, sobre todo en el grupo más conflictivo como son los trabajadores por cuenta propia. Sin embargo, si uno observa las estadísticas, éstos han sido cada vez menos en el universo de aportantes”, sostuvo Laura Goldberg, investigadora del Centro Interdisciplinario para el Estudio de las Políticas Públicas (CIEPP), de Argentina.
La investigadora indicó que la cobertura en su país declinó notablemente, debido al aumento del desempleo provocado por las políticas neoliberales aplicadas en la región desde los 80.
Además, afirmó que la reforma de pensiones no incentivó el aporte “ni siquiera de los trabajadores por cuenta propia. Las perspectivas de cobertura futura de la población activa son preocupantes”, dijo.
Según el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), las cosas tampoco marchan bien en Bolivia. Hasta finales de 2004 habían 394 mil aportantes, lo que supone un aumento “poco significativo” frente a 314 mil personas que aportaban al antiguo sistema de pensiones en 1996.
“El número de trabajadores independientes afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) no superó el 4,4 por ciento del total de afiliados registrados hasta diciembre de 2004, sostuvo Carlos Arce, director ejecutivo de ese centro de investigación.