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América Latina requiere un pacto de cohesión social en torno al sistema de pensiones
Andras Uthoff, Dr. en Economía de la Universidad de California Berkeley.
La rapidez con que envejece la población latinoamericana (CELADE, 2017), el efecto sobre el empleo que ha tenido la permanente adaptación del aparato productivo a las nuevas condiciones de competitividad (OIT 2018), y las diversas formas en que la sociedad reacciona para sobrevivir en estas condiciones (CEPAL, 2018), hacen de la protección social en materia de pensiones un desafío prioritario, cuya solución no puede sino adaptarse constantemente a las características de cada situación particular.
Así lo han dejado entrever varios informes recientes, cuyas principales conclusiones se resumen a continuación (edición del autor).
El mercado del trabajo no ha demostrado una capacidad incluyente ni en términos de generación de trabajo decente ni de niveles contributivos. El empleo no será suficiente como mecanismo de protección de la mayoría de la población frente a riesgos relacionados con la falta de ingresos, la salud y el envejecimiento. Necesitamos un nuevo pacto social que tenga a los derechos sociales como horizonte normativo, y a las desigualdades y restricciones presupuestarias como limitaciones que es necesario reconocer y enfrentar. (CEPAL, 2006).
El sistema de capitalización individual chileno no puede superar su crisis con su actual diseño. Sus parámetros quedaron obsoletos. No se ajusta a las diferentes categorías ocupacionales del país. Es ilegitimo por la baja participación de los afiliados en su gestión. Y, le falta una pieza para compensar a toda una generación que no ha podido ahorrar lo suficiente (ICPM, 2018).
Ningún sistema de pensiones de la región tiene asegurada su sostenibilidad fiscal o social” Los sistemas de pensiones de América Latina y el Caribe no están preparados para el escenario de rápido envejecimiento de la población al que se enfrenta la región, donde se espera que para 2050 una de cada cinco personas sea mayor de 65 años, en el que se radiografían los sistemas de pensiones de 24 países. Un problema añadido es la baja proporción de cotizantes, ya que solo el 52,8% de los trabajadores ha realizado aportaciones en algún momento para obtener una pensión de jubilación (BID, 2018).
Un pacto social y político
Ampliar la cobertura de un sistema previsional demanda de la identificación de fuentes y mecanismos de administración del financiamiento que permitan asignar ingresos permanentes para gastos permanentes, e ingresos transitorios para aquellos de esa naturaleza. Esta tarea se facilita una vez que existe un acuerdo en torno a i) las garantías explícitas mínimas de las prestaciones, ii) las fuentes contributivas y no contributivas de financiamiento y iii) los requisitos para acceder a las prestaciones.
También se debe conciliar la agenda de los derechos con las agendas de crecimiento y equidad. En el caso del sistema de pensiones se han superpuesto objetivos: i) promover el ahorro previsional ii) otorgar pensiones de vejez digna a los pobres. iii) reponer ingresos en las edades pasivas: iv) lograr la solvencia de las finanzas públicas; v) generar ahorro financiero para el desarrollo del mercado de capital, y vi) contribuir a la competitividad.
Para la jerarquización y conciliación de estos objetivos se necesita un acuerdo político muy amplio en el plano macroeconómico e institucional, para la defensa de la capacidad de crecimiento e inversión de la economía en un contexto de estabilidad nominal y real. Esto implica dos acuerdos marco. Uno de tipo macroeconómico que lleve a cabo políticas contra cíclicas mediante reglas de superávit estructural y/o fondos de estabilización, y de reglas claras para el manejo monetario, cambiario y de reservas internacionales, con miras a dar credibilidad al tipo de cambio real y la tasa de interés que permitan asignar recursos de inversión a largo plazo. Y otro marco institucional para asegurar una estricta regulación y supervisión de los mercados financieros y de administración de fondos de pensiones.
Dados estos acuerdos, el propósito es compatibilizar cinco grandes pilares estratégicos:
Pilar 1: Una estrategia de cobertura y suficiencia de prestaciones con subsidio estatal, Identificando grupos objetivos, hacia los cuales deben orientarse gastos específicos, sobre la base de una cobertura de prestaciones complementaria a la que han logrado con su propio esfuerzo. Sus niveles han sido social y financieramente aceptados, y la provisión de realiza con eficiencia.
Una estrategia de monitoreo del fortalecimiento de la base contributiva, pues además de mejorar las bases económicas y financieras para el crecimiento (pilar macroeconómico), es preciso mejorar también la capacidad productiva de los afiliados. Esta estrategia reconoce dos pilares adicionales:
Pilar 2: Formación de capital humano mediante la educación y capacitación de la fuerza de trabajo, y
Pilar 3: Desarrollo productivo y empleo, destinado a aprovechar los nichos y potencialidades del país y a estimular las actividades necesarias de investigación y desarrollo.
Pilar 4: Una estrategia que incluya tanto mecanismos de ahorro solidarios para financiar prestaciones, sobre todo tratando de premiar esfuerzos mediante sistemas de contribuciones definidas, como fondos de garantías actuarialmente determinados para prestaciones mínimas. El desafío es el de regular la forma de financiamiento de las prestaciones de modo de conciliar los principios de equivalencia con los de solidaridad.
Pilar 5: Una estrategia de participación en el debate en torno a la adaptación del sistema de pensiones con las estructuras y dinámicas de la población, del mercado de trabajo y de las finanzas públicas. Velando por que las prestaciones no superen las fuentes contributivas y no contributivas de financiamiento No debe plantearse un modelo único de sistema de pensiones para distintos países, ni para un mismo país a lo largo del tiempo. La participación ciudadana busca comprender mejorar la cobertura y las prestaciones inmediatas y de largo plazo de los sistemas de pensiones.
Para adaptarse permanentemente a la evolución de las estructuras demográficas, de las familias, del mercado de trabajo y de las finanzas públicas, e incluir criterios de universalidad, solidaridad y eficiencia, existen dos objetivos:
Las prestaciones mínimas, su financiamiento y la forma de administrarlo no debe dejar a personas sub aseguradas o no aseguradas. Los contratos de ahorro individuales impiden subsidios cruzados para asegurar la solidaridad
La inversión de fondos de pensiones debe apoyar el desarrollo nacional. Hoy no existen instrumentos financieros, para las necesidades de financiamiento del heterogéneo mundo donde subsisten diferentes tipos de familias, de unidades productivas y de oportunidades ocupacionales.
Referencias.
BID ‘(2018) Álvaro Altamirano Montoya Solange Berstein Mariano Bosch Manuel García Huitrón María Laura Oliveri (eds.) Presente y futuro de las pensiones en América Latina y el Caribe’, BID, Banco Interamericano de Desarrollo
CELADE 2017, – Estimaciones y proyecciones de la población total según sexo y grupos de edad 1950 2100 División de Población de la CEPAL. Revisión 2017.
CEPAL, 2006, La Protección Social de cara al Futuro. Acceso Financiamiento y Solidaridad. Trigésimo primer periodo de sesiones de CEPAL Montevideo Uruguay 2006.
CEPAL, 2017, Capítulo I Desigualdades en los ingresos en el mercado laboral y en el acceso a las pensiones. Panorama Social de América Latina y el Caribe 2017
ICPM, Oct 2018, Outsider’s View on the Chilean Pension System. International Center for Pension management. Santiago, Chile
OIT, (2018) Panorama Laboral América latina y el Caribe, 2018, Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe, Lima Perú.
Uthoff, Andras 2006. Brechas del estado de bienestar y reformas a los sistemas de pensiones en América Latina. Actualizado año 2019 para Recíprocamente por el autor. Revista de la CEPAL. Agosto 2006.
Fuente: EUROsociAL - 09/06/2019
https://eurosocial.eu/reciprocamente/america-latina-requiere-un-pacto-de-cohesion-social-en-torno-al-sistema-de-pensiones/