Informaciones
Intervención del Director de Fundación Cáritas Bienestar del Adulto Mayor en la CDHDF, 2004
Campaña por la No discriminación de las Personas Adultas Mayores. Lic. Ernesto Padilla Nieto, Director Fundación Cáritas para el Bienestar del Adulto Mayor, IAP. 10 de agosto de 2004.
Maestro Emilio Álvarez Icaza, Presidente de la CDHDF
Señoras y señores Integrantes del presidium
Señoras y señores que nos acompañan.
A nombre de la institución que represento, la Fundación Cáritas para el Bienestar del Adulto Mayor, IAP, agradezco la invitación que nos extendieron para participar en los trabajos correspondientes al desarrollo de la Campaña por la No Discriminación de las personas adultas mayores.
Para nosotros es muy significativo presentar esta Campaña por varios motivos: primeramente, porque se realiza en el mes correspondiente a la fecha determinada en 1956 para conmemorar a las personas mayores; en segundo lugar, porque ocurre en la casa de una organización pública muy arraigada en nuestra sociedad, temida por supuesto por aquellos que tienen poco o nulo respeto hacia la persona humana, y que es ampliamente reconocida por su defensa a favor de los derechos humanos y, finalmente, porque esta campaña es producto de un amplio movimiento social, a veces poco perceptible, que por décadas ha demandando el establecimiento de normas que protejan a los individuos y los grupos contra medidas irracionales que vulneran las libertades fundamentales, pero sobre todo la dignidad.
El fenómeno de la discriminación en general se ha dado de manera grave en nuestro país además de que, como señalara hace algún tiempo Gilberto Rincón Gallardo, no existe una conciencia clara de que los Mexicanos discriminamos, no obstante lo dispuesto en el articulo 1º. párrafo 3ero. de nuestra Constitución que señala que queda prohibida la discriminación en cualquiera de sus formas.
La discriminación, según lo establecido en la ley de la materia, se concibe como "toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, el sexo, la edad, la discapacidad, la condición social o económica, las condiciones de salud, el embarazo, la lengua, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra, tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos fundamentales y la igualdad real de oportunidades de las personas" (Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 9 de junio de 2003).
En la ley, como puede advertirse, destacan dos cuestiones que en estricto sentido corresponde al Estado garantizar: la creación de condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas.
Apartándome ligeramente de los aspectos de orden, digamos jurídico, aunque estrechamente relacionados con ello, nos viene a la memoria un evento muy reciente, celebrado en la ciudad de Madrid, España, en abril del año 2002, me refiero a la Segunda Cumbre Mundial sobre el Envejecimiento, pero en particular al Foro Mundial de Organizaciones No Gubernamentales sobre el Envejecimiento. Durante dicho evento, los participantes intercambiaron experiencias, debatieron y plantearon una diversidad de propuestas, todo ello con objeto de que los representantes de los gobiernos participantes, las incluyeran en lo que posteriormente se denominó como el Plan de Acción Internacional sobre el envejecimiento. El tema de la discriminación, por supuesto, estuvo presente durante casi la mayor parte del evento, en razón de lo cual, los representantes de las onG's, planteaban sugerencias como las siguientes: ampliar la cobertura de los sistemas de protección social, modificar las políticas de prestaciones y de cuidados a largo plazo, mejorar las medidas para mantener y elevar el nivel de las pensiones y prestaciones alcanzados, reconocer la atención de los adultos dependientes como un derecho, universalizar los servicios de ayuda a las familias, tales como servicios domiciliarios y de atención para las personas mayores, educar a los trabajadores de la salud en el cuidado de los adultos mayores, implantar estrategias que eviten la violencia, el maltrato y el abuso hacia las personas de edad, promover la autonomía, así como prevenir las enfermedades y discapacidades relacionadas con la edad, establecer programas de salud comunitaria para personas mayores incluyendo estructura de servicios y personal calificado, suprimir la discriminación por edad o género, impulsar a los mayores para que participen activamente en el diseño y la gestión de las políticas públicas, favoreciendo su derecho de asociación para que puedan formar movimientos o asociaciones influyentes, en pocas palabras, como antes mencionamos: generar condiciones para que todas las personas mayores cuenten con derechos fundamentales e igualdad real de oportunidades, según lo dispuesto en la Ley para prevenir y eliminar la discriminación.
Hasta el día de hoy, justo es reconocerlo, se cuenta con una serie de instrumentos jurídicos a través de los cuales se protegen los derechos fundamentales de las personas de edad; se dispone de una Ley Federal sobre los Derechos de las Personas Adultas Mayores; se cuenta con una Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, se dispone de ordenamientos locales en los cuales se previene y atiende la violencia, entre otros. Se diría que el Estado, de alguna manera, garantiza condiciones para que las personas mayores disfruten de libertad e igualdad en términos más o menos reales.
En efecto, los adultos mayores, según lo dispuesto en las leyes, cuentan con una diversidad de derechos, entre los que destaca el derecho a no padecer discriminación por uno o varios de los motivos enunciados en la ley correspondiente. Sin embargo, en los hechos, persisten diversas formas de discriminación, como las enunciadas a continuación:
Las mujeres ancianas, a pesar de constituir la mayor parte de personas de este grupo poblacional, especialmente en las de más de setenta años, son más víctimas que los hombres de los abusos y la violencia; no reciben pensión; en miles de casos, continúan ejerciendo su papel de cuidadoras familiares sin recibir salario a cambio.
Poco más de la mitad de los ancianos de nuestro país siguen trabajando durante la vejez en actividades no remuneradas como el cuidado de niños, en el pequeño comercio, prestando servicios personales, desempeñando labores agropecuarias a pequeña escala. Las personas mayores que trabajan en forma remunerada perciben solamente una fracción de unos ya de por sí exiguos ingresos y los bienes que han acumulado suelen ser de muy poco valor. Para cerrar el círculo, no obstante disponer de cierto patrimonio de valor limitado, viven bajo la amenaza de ser despojados por familiares cercanos o vecinos sin el mínimo escrúpulo. (Al respecto, vale referirse a una pareja de ancianos de más de 90 años, quienes hace unos días fueron lanzados a la calle, gracias a la concienzuda y sabia decisión jurídica de un juez o una jueza que ordenó desalojarlos para entregar la propiedad de un bien inmueble, que habitaron por más de 60 años, a un bisnieto: ¿en qué piensan los integrantes del poder judicial cuando respaldan una acción tan inhumana, tan injusta como esta?)
Alrededor de 2 millones de las personas adultas mayores viven en condiciones de malnutrición, mala salud, desempleo, infravivienda, abandono, aislamiento, abusos. Llevan estrictamente una vida de pobreza y privaciones, en ellos no cabe el concepto ni la posibilidad del ahorro para el día de mañana.
La situación social y económica de miles de adultos mayores en la capital del país, pero sobre todo en las entidades de la República, es a todas luces desigual; existen diversos estudios que dan cuenta de condiciones desfavorables como las descritas, por lo cual no insistiré en ello.
Lo que si quisiera destacar es que en un país como en el que vivimos la vejez impide la realización de los derechos humanos. No obstante la declaración proclamada por la onU hace más de cincuenta años, aún persisten muchas barreras para que las personas mayores disfruten plenamente de sus derechos. La vejez les impide disfrutar plenamente de servicios y apoyo a los que por ley tienen derecho. Desafortunadamente, los Principios a favor de las Personas Mayores, adoptados en 1991, aún cuando en los programas gubernamentales se enuncian con negritas, siguen sin desarrollarse; es más no se han enmarcado en los propios ordenamientos jurídicos existentes ni declarado de obligado cumplimiento en todo el país.
No obstante el panorama tan adverso, pienso que aún estamos a tiempo de hacer que se cumpla con lo dispuesto en nuestras leyes. El desarrollo de una campaña como la que inicia el día de hoy, constituye una excelente oportunidad para que las personas de edad le demanden a las autoridades eliminar todos aquellos obstáculos que limitan en la práctica el ejercicio de sus derechos e impiden su pleno desarrollo integral, así como su efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social del país.
De manera particular, será importante convertir esta campaña en un amplio movimiento a través del cual las personas mayores demanden un mayor aprovechamiento de su experiencia, participar con quienes establecen las políticas de manera que se fijen objetivos en los cuales se reconozcan los aportes de los mayores a la sociedad.
Asimismo, la campaña habrá de orientarse hacia la demanda de medidas que lleven al establecimiento de estrategias de alcance local y nacional que cambien las actitudes sociales negativas que hay hacia las personas de edad.
La campaña ha de convertirse en una lucha permanente contra la discriminación por la edad, especialmente la que se lleva a cabo contra las mujeres. En una lucha a través de la cual se oriente y eduque a los mayores respecto de sus derechos, animándolos a presionar a las autoridades locales y de todo el país para que implanten cambios que beneficien a las personas de edad. En una lucha desde la cual se demande una protección social adecuada e ingresos mínimos asegurados en la vejez.
En pocas palabras, esforcémonos por llevar la campaña hasta lograr que se incorporen en nuestras leyes los principios de las Naciones Unidas a favor de las personas mayores, es decir, los principios que cubran la independencia, la participación, la realización personal y la dignidad de las personas adultas mayores.
Muchas gracias.