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Nicaragua. Protección de los adultos mayores, sistema tributario y transformación
Debido a las características del mercado laboral nicaragüense y las tendencias demográficas en curso, es necesario que en nuestro país exista un sistema de protección social universal para los adultos mayores que incluya —además del sistema de pensiones basado en la cotización de los afiliados al INSS— un aporte complementario financiado mediante impuestos generales.
Esto obedece, en primer lugar, a que nuestro sistema público de pensiones no genera beneficios para los adultos mayores cuando a) la densidad de cotización de estos fue muy baja y no lograron cumplir con los 15 años requeridos de cotización, o b) las personas quedaron fuera del sistema público de pensiones (como ocurre con el ochenta por ciento de los trabajadores nicaragüenses).
En esos casos, los medios de vida de los adultos mayores con un récord limitado de contribuciones, o que nunca estuvieron afiliados al INSS, necesitarán complementarse con un esquema de pensión básica financiado a través del presupuesto, al cual podría optar cualquier adulto mayor que cumpla las características mencionadas.
Es importante aclarar que esquemas como este ya existen de alguna manera en más de 84 países del mundo, y se corresponden con la Iniciativa Piso Social de Protección Social, promovida por las Agencias de Naciones Unidas, el FMI y el Banco Mundial.
Pero esto significa que la transformación del sistema tributario es un complemento ineludible de un sistema de protección social universal para los adultos mayores. Se requerirá una transformación de fondo del sistema tributario a fin de que este sea capaz de generar los recursos indispensables para asegurar una serie de prestaciones sociales básicas de calidad que deben hacerse extensivas a toda la población, entre ellas asegurar que ningún adulto mayor carezca al menos de una protección social básica.
Ello implica lograr una estructura tributaria de bases amplias, es decir con muy limitados privilegios fiscales, exenciones y tratamientos especiales, y cuya carga se distribuya conforme al principio de capacidad contributiva, de manera que quienes ganen más aporten relativamente más.
Sin embargo, dadas la tendencias demográficas, la sostenibilidad a mediano y largo plazo de ambas formas de financiamiento —cotizaciones e impuestos generales— de un sistema de protección social universal para los adultos mayores, estaría en entredicho si el deterioro progresivo en la razón población activa/adultos mayores que se producirá en las próximas décadas, no es contrarrestado por el incremento sistemático de la productividad promedio de la economía.
Dado que el número de personas incorporadas a la Población Económicamente Activa por cada adulto mayor habrá reducido de 6.4 a 3.4 entre 2010 y 2035, la productividad promedio por cada persona activa tendría que duplicarse o más que duplicarse a lo largo de este mismo período para contrarrestar este deterioro en la relación personas económicamente activas/adultos mayores.
Solo de esta manera se podrá asegurar que en todo momento existan bienes y servicios en cantidad suficiente para sostener al número creciente de adultos mayores, sin comprometer el propio sustento de los activos.
Desde el punto de vista de las finanzas del sistema público de pensiones, lo esencial a retener es que el aumento de los ingresos del mismo a precios constantes dependerá de la interacción de dos factores: a) de la tasa de cotización y b) del incremento de la nómina salarial a precios constantes, que a su vez depende tanto del aumento del número de cotizantes activos como del incremento de sus salarios reales.
A este respecto debe recordarse que, a mediano plazo, el aumento de los salarios reales depende a su vez de los incrementos en la productividad. Esto significa que no se trata solo de que aumente el número de afiliados activos, sino que estos estén ocupados en empleos de alta productividad: esta es la vía para lograr un aumento sistemático de la productividad promedio.
A corto medio-plazo se puede ganar tiempo a) ampliando la cobertura del Programa IVM del INSS al máximo posible —por ejemplo, incorporando al INSS al segmento de empleo formal que todavía no está afiliado, e incluso al segmento del empleo informal que tendría capacidad de cotizar si se flexibilizan las condiciones de la afiliación—, b) con un aporte estatal al INSS, y c) con algunas reformas paramétricas.
Sin embargo, a mediano-largo plazo, si no se modifica el actual modelo de crecimiento basado en la creación de empleos de baja productividad y se lleva a cabo el tránsito a un modelo sustentado en la rápida expansión del empleo de alta productividad y adecuadamente remunerado —lo cual a su vez incrementaría al mismo ritmo la base de ingresos del INSS—, ya no habrá mucho que hacer.
En lo que se refiere al sistema tributario como fuente complementaria de financiamiento, si no cambia el modelo de crecimiento, al arribar a la fase de envejecimiento de la población el deterioro de la relación población activa/adultos mayores se reflejará en el deterioro de la relación entre la base de contribuyentes activos al sistema tributario y la carga fiscal representada por la masa creciente de adultos mayores.
En ese caso, tanto la base de cotizaciones del INSS como la recaudación tributaria serán cada vez más incapaces de sostener los costos crecientes de proporcionar protección social a una población adultos mayores que estará creciendo de manera exponencial.
Adolfo Acevedo Vogl, Economista
La Prensa (Nicaragua) 4/9/2012.
http://www.laprensa.com.ni/2012/09/04/activos/114943