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México. Necesario evitar que estereotipos influyan en polÃticas de atención a las personas adultas mayores
El presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Ricardo Bucio Mújica, durante su participación en el "Foro Evaluativo sobre la Legislación Incluyente en la Ciudad de México. Armonización Legislativa a favor de las y los Adultos Mayores", organizado por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, destacó la importancia de reconocer que en México la población adulta mayor crece 4.16 veces más que la población en general, y que ello se reflejará en que las personas mayores de 60 años serán casi el 30 por ciento de la población dentro de solo cuatro décadas.
Por ello, enfatizó, es necesario diseñar e implementar la necesaria readecuación de los servicios públicos y de la infraestructura social y urbana, de tal manera que se garantice la inclusión las personas adultas mayores en todos los aspectos de la vida social, económica, y política.
Hoy en día, agregó, la falta de una adecuada previsión para atender a la actual población joven y aprovechar el bono demográfico, está teniendo consecuencias graves en millones de jóvenes, y algo parecido sucederá si no prevemos desde ahora que la población será adulta mayor en un alto porcentaje en un lapso relativamente corto de tiempo.
La sociedad, agregó, tendrá que cambiar su percepción de que el acceso a los derechos de este sector social depende de la edad o de las capacidades de las personas. No se debe aceptar estereotipos que establecen que en la infancia y en la edad adulta mayor el nivel de capacidades físicas y mentales es menor y que entonces, es normal que se limite el ejercicio de derechos. Recordó que en la 1ª. Encuesta Nacional sobre Discriminación en México el 88 por ciento de las personas adultas mayores opinan que sufren discriminación por su edad, y el 40 por ciento expresó que les parece justo ser discriminado por su familia.
Bucio Mújica planteó que las acciones necesarias para atenderlos deben ser integrales y no sólo responder a algunas de sus necesidades, como podría ser el acceso a la salud o las pensiones, sin contemplar que dichas personas tienen los mismos derechos y por tanto las mismas necesidades que cualquier otra, con las condiciones propias de su edad.
Recalcó que es necesario evitar que se coarten derechos a las personas adultas mayores a través de figuras jurídicas como la interdicción, pues pueden ser más vulnerables de ser despojadas de sus bienes con el argumento de que son incapaces jurídicamente hablando.
También explicó que es necesario que los programas de transferencias de recursos no sustituyan la obligación del Estado de prestar y garantizar servicios, es decir, que dichos apoyos económicos no justifiquen que los gobiernos de todos los niveles no construyan programas de atención y protección, como servicios geriátricos o programas de empleo, dirigidos a dicho sector social.
Además, dijo que es necesario homologar el rango de edad en el cual se considera a una persona como adulta mayor para que no se pueda negar el acceso a programas o que éste se haga de manera diferenciada, así como realizar las modificaciones necesarias a la legislación para que haya manera de hacer exigible el reconocimiento de derechos o la atención de parte de instituciones dirigidas a estas personas.
En esa misma mesa titulada "Acceso a la justicia y debido proceso", también participaron: José Gómez González, titular de la Agencia Especializada en Atención a los Adultos Mayores Víctimas de Violencia de la PGJDF; Fernando Coronado Franco, consultor general de la CDHDF y como moderadora Patricia Razo Vázquez, presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la ALDF.
Fuente: CONAPRED – 7/11/2010.
http://www.conapred.org.mx