En nuestra edición N°265 del Boletín de la Red Latinoamericana de Gerontología, compartimos el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): "Derechos humanos de las personas mayores y sistemas nacionales de protección en las Américas". Éste, acerca una mirada sobre los avances en materia de protección de derechos humanos de las personas mayores a la luz de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, a lo que suma una serie de recomendaciones e identificación de desafíos pendientes para los países.
En la misma línea de protección de los derechos de las personas mayores, compartimos información sobre el proyecto de ley que crea el Sistema de Cuidados en Panamá, que promueve una nueva organización de la sociedad para la provisión de los cuidados, basada en la corresponsabilidad social. Es auspicioso ver como en los diferentes países de América Latina y el Caribe, se va tomando conciencia sobre la importancia de que las respuestas a las necesidades de cuidados no sólo deben depender de las familias, sino que es importante involucrar al Estado, el mercado, la academia y las organizaciones de la sociedad civil.
En referencia también al acceso a cuidados, acercamos un artículo desde México que nos habla sobre la deuda social con las personas mayores cuidadoras y que plantea la necesidad de “impulsar por toda América Latina que el trabajo de cuidado realizado por las personas mayores sea remunerado”.
Desde nuestro lugar, reconocemos el valor del trabajo de cuidados no remunerado que realizan las personas mayores, el aporte que significa para las familias en particular y para la sociedad en general, trabajo en general invisibilizado y poco cuantificado. Sin embargo, nos preguntamos si remunerar a las mujeres adultas mayores para que realicen las tareas de cuidados de niñas y niños y personas con discapacidad de sus familias, tarea que vienen realizando hace décadas y que se encuentra arraigada culturalmente, no es, antes que un reconocimiento, una manera de perpetuarlas en este rol de “abuelas cuidadoras”. Entendemos que es desde el Estado que deben darse las garantías de efectivización del derecho a cuidar y ser cuidado, siendo el primero el poder optar por cuidar o no cuidar. Nos parece oportuno que los Estados den la discusión de cómo reconocer a las personas mayores en su aporte a la sociedad, a la vez que les puedan brindar las oportunidades para elegir cómo quieren transitar su propia vejez con dignidad, debate del cual deben participar las personas mayores como protagonistas.
Soledad Rodríguez - Coordinadora RLG