Resumen ejecutivo:
“1.1. Metodología utilizada para la elaboración del informe:
El informe se realizó bajo la coordinación general del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), a través de la Coordinación Nacional de Adulto Mayor (CNAM), instancia técnica especializada en el diseño e implementación de las políticas, programas y proyectos a favor de las personas mayores, que tiene como finalidad lograr la integración y participación plena de esta población como gestores de su desarrollo, en todos los ámbitos, para garantizar sus derechos. En su elaboración se utilizó la guía enviada por la CEPAL, la cual se remitió a actores claves: a nivel gubernamental, no gubernamental, instancias académicas de educación superior, asociaciones y grupos organizados de la sociedad civil y de personas mayores. En el caso de los grupos de sociedad civil se elaboró un cuestionario con el propósito de conocer sus percepciones e identificar los nudos críticos que tiene el país para el avance del Plan de Madrid. Además, se realizaron reuniones de trabajo presencial y virtual para la construcción del documento y se efectuaron entrevistas presenciales con funcionarios/as e instituciones aliadas con el tema.
El trabajo incluyó la revisión del avance del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2002), en los últimos años, la Política Nacional a favor de las Personas Adultas Mayores de Panamá (2004), la Declaración de Brasilia (2007), la Carta de Declaración de Derechos Humanos de San José (2012), el Informe Nacional de avances en la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo (2017), los Informes Voluntarios de País sobre los Objetivos Desarrollo Sostenible 2018 y 2020, las Normativas Nacionales e Internacionales, el Plan Estratégico Nacional con Visión de Estado (PEN) Panamá 2030, el Plan de Gobierno (2019- 2024), la Estrategia Colmena, Memorias Anuales de entidades públicas del período 2017-2020 y el Plan Nacional del Adulto Mayor de Panamá de 2018.
1.2. Revisión y análisis del progreso nacional en el cumplimiento de los compromisos del Plan de Acción de Madrid.
El Estado panameño ha realizado esfuerzos para atender los compromisos derivados del Plan de Acción de Madrid (2002), en el último quinquenio (2017-2021). Este interés se traduce en lograr que este sector de la población tenga acceso a los servicios articulados, coordinados y de calidad de salud integral, trabajo, educación, cultura, recreación, seguridad social, entre otros. Además, implica eliminar las brechas y los obstáculos jurídicos, políticos, económicos, sociales, ambientales, culturales y de cualquier orden que impidan el ejercicio pleno de sus derechos para alcanzar su pleno bienestar. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es el principal marco de referencia para las intervenciones del Estado, a través de las diferentes instancias relacionadas con las estrategias y prioridades de desarrollo nacional.
La administración gubernamental 2019-2024, se ha planteado cumplir con la inclusión social y mejorar la calidad de vida; para lograr la reducción de la pobreza y pobreza extrema a través de la implementación del Plan Estratégico de Gobierno (PEG) 2020-2024, que incluye a la población de personas mayores, para no dejar a nadie atrás. No obstante, es oportuno destacar la necesidad de que dichos planes visibilicen e incorporen de manera taxativa o categórica a la población mayor, que permita identificar los derechos y necesidades que experimentan los diversos grupos que forman parte de este sector y proveer una plataforma de servicios considerando las vejeces.
El país adoptó mediante Decreto Ejecutivo No. 63 del 26 de junio de 2017, el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM-C), el cual fue modificado por el Decreto Ejecutivo 367 de 30 de septiembre de 2020, con la finalidad de identificar, a partir de la evidencia disponible las principales carencias o privaciones no monetarias que ocurren de manera simultánea y afectan directamente las condiciones de vida de la población panameña distribuida en los corregimientos del país, lo cual permite una mejor focalización geográfica de la pobreza en todas sus dimensiones. Todos estos temas se mantienen vigentes e incluyen las necesidades de los distintos sectores y de las personas mayores, como destinatarios y actores clave mediante acciones articuladas y coordinadas.
1.3. Principales lecciones aprendidas y desafíos para los próximos años.
• Uno de los principales desafíos es la reglamentación de la Ley 36 de 02 de agosto de 2016, que establece la creación del Instituto Nacional del Adulto Mayor, el cual brinda un marco normativo integrado y favorable al ejercicio de los derechos y la no discriminación por edad de las personas mayores, para lo cual es prioritario su instalación y reglamentación, a fin de que el Instituto cuente con autonomía, presupuesto, espacio físico y recursos técnicos especializados.
• El país cuenta con organizaciones de personas mayores con capacidad de liderazgo, convocatoria, compromiso y potencialidades. Sin embargo, aún se requieren fortalecer, mantener y ampliar los espacios de participación y consultas, especialmente en la toma de decisiones que generen respuestas colectivas a favor de temas fundamentales como la ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las personas mayores y normativas relacionadas a sus propios derechos.
• Ante la era digital se requieren potenciar y divulgar los programas y plataformas amigables y accesibles, a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), a todos los niveles, que permitan el desarrollo de capacidades digitales, sin ningún tipo de discriminación.
• Es necesario incorporar programas de reciclaje laboral y profesional impulsados por los gobiernos y las empresas, para garantizar la participación de la población mayor en el trabajo.
• Expandir la oferta de programas y servicios institucionales, utilizando la actual plataforma y capacidad instalada del Plan Colmena, que se basa en promover la inclusión social, a través del estímulo y la promoción de alianzas, entre instituciones públicas, sociedad civil, la academia, la empresa privada y la comunidad.
• Promover programas de estudios técnicos, vocacionales y de especializaciones a través de becas de estudio con la finalidad de lograr el empoderamiento y autonomía económica de la población mayor.
• Promover ciudades con entornos seguros y resilientes que faciliten la movilidad, la interacción y el uso de espacios públicos, para favorecer la salud, la integración social y la participación en los distintos territorios y escenarios de la población mayor.
• Proveer servicios esenciales articulados y coordinados dirigidos a las personas mayores y sus familias como espacio primario de interacción, convivencia, cuidados y protección; que reduzcan la exclusión de las personas mayores de su entorno familiar y situaciones de violencia.
• Fortalecer la capacitación a la familia, cuidadores, personal técnico, voluntarios y administradores de los CAIPM en temas de cuidados, salud, primeros auxilios, envejecimiento, vejez, derechos humanos, programas de recreación, buen trato y calidad de los servicios de atención, basadas en el Decreto 238 de 23 de junio de 2021 y crear un programa permanente de formación continua que permita evaluar los resultados.
• Diversificar la oferta en materia cultural, deportiva, recreativa, intercambio de experiencias, voluntariado y emprendimiento, considerando las particularidades regionales, territoriales y características de la población, por edad y etnia que garantice el respeto y rescate de sus creencias, prácticas y cosmovisión.
• La salud mental debe ser una prioridad para el país, en particular de la población mayor, ya que se reconoce la necesidad de dar respuestas inmediatas para prevenir distintas afecciones como resultado específico del aislamiento y privaciones de la movilidad producido por las restricciones sanitarias durante la pandemia.
• Establecer un Sistema Nacional de Cuidados, basado en derechos que deben ser reconocidos en las personas mayores por parte de las familias, las instituciones y el Estado.
• Se constata la necesidad de una política de cuidados y hacer una valoración de los aportes a la economía por parte de las mujeres, toda vez que, en las narrativas de vida, investigaciones y los mandatos sociales, se verifica la continua presencia de las mujeres, en especial las mayores, en la economía del cuidado.
• Se requiere la revisión de la política, planes y programas dado el fenómeno de la feminización de la población mayor, lo que implica formular políticas de cuidado, y empoderamiento específico para las mujeres de mayor edad.
• Adecuar los modelos de servicios a las necesidades diferenciales de atención de hombres y mujeres mayores e influir por medio de programas específicos y campañas educativas acerca de la importancia de la equidad de las tareas domésticas y su distribución con los hombres.
• Fomentar cambios de paradigmas sobre la vejez y envejecimiento, que permita pasar de concepciones biologicistas, infantilizadas y paternalistas hacia una cultura de respeto de los derechos humanos de las personas mayores. Hay que reconocer que la abuelazón es un rol social que permite el involucramiento directo e indirecto en los cuidados y crianza de los (as) nietos (as). Por ende, debe ser elegido por el adulto(a) mayor en libertad y sin presiones familiares ni sociales.
• Articular esfuerzos entre el Estado, comunidad y familias en la conformación de políticas públicas y mecanismos concretos de apoyo a los cuidadores(ras) de personas mayores que requieran cuidados, con alguna discapacidad, enfermedad neurodegenerativa, enfermedades crónicas, entre otras.
• Promover espacios de intercambio intergeneracional para combatir el edadismo y viejismo, y de esta forma crear lazos de solidaridad, respeto y valoración entre las generaciones, compartiendo sus prácticas, saberes y valores.
• Incentivar investigaciones basadas en las necesidades diferenciadas de hombres y mujeres mayores que sirvan de base para definir planes y programas sostenibles. En este sentido, a nivel de la academia y la sociedad civil se vienen impulsando estudios específicos sobre temas de la violencia en mujeres mayores y enfermedades degenerativas.
1.4. Conclusiones.
• La pandemia por la COVID-19 lleva a replantear los servicios y estrategias para que la población mayor pudiera acceder a los mismos a través de plataformas digitales novedosas para el país; lo que limitó el acceso oportuno y rápido, dadas las medidas de cuarentena establecidas, y por el desconocimiento de la población sobre el uso y aplicación de las tecnologías.
• A nivel socioeconómico hay un desmejoramiento de las condiciones de vida de la población en general, que se refleja en los indicadores (pérdida de empleos y pobreza), se agudiza la violencia en los hogares, afectando particularmente a las personas mayores y mujeres en particular.
• La pandemia tuvo consecuencias económicas severas ya que muchas actividades se paralizaron con saldos desfavorables para la inversión, producción y provisión de servicios. Es necesario articular los esfuerzos de las entidades y organizaciones de todos los sectores para el cumplimiento de los ODS, sus indicadores y medir su impacto en la población adulta mayor.
• Existen creencias culturales que justifican y normalizan la discriminación y las diferentes formas de violencia a la población adulta mayor, lo que requiere construir nuevas y favorables concepciones de las vejeces, fortaleciendo desde la institucionalidad la garantía de derechos a este grupo poblacional.
• Las transferencias monetarias de diversos Programas, han significado una respuesta a los grupos en pobreza y pobreza extrema, por lo que es necesario realizar estudios e investigaciones sobre el impacto de las mismas en la calidad de vida de las poblaciones beneficiarias especialmente en la población adulta mayor y en las áreas rurales del país.
• Los hogares e instituciones de protección integral para personas adultas mayores, a nivel nacional, han adquirido mayor relevancia, dado los altos riesgos en que se encontraban por la COVID-19; lo que lleva a la institucionalidad a establecer una hoja de ruta y crear mecanismos de seguimiento y monitoreo.”
Fuente: Informe Nacional sobre la aplicación del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento. Septiembre-Noviembre 2021. República de Panamá. Recuperado de: https://conferenciaenvejecimiento.cepal.org/5/es/documentos/panama-informe-nacional
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