El 12 de abril de 2002, México participó en la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento en la que se aprobó la Declaración Política y el Plan de Acción Internacional sobre Envejecimiento, y reconocidos por la Organización de Naciones Unidas ONU en 2003, en su Resolución 58/134.
Diecinueve años después, estos instrumentos internacionales, cobran relevancia cuando la emergencia sanitaria por COVID-19 ha focalizado la atención de las instancias de salud pública de cada país en la protección de las personas mayores, al ser uno de los grupos de población que enfrentan múltiples desigualdades y en consecuencia son mayormente vulnerables ante el virus; su contenido refiere que la promoción y el acceso universal de los servicios de salud durante toda la vida, son el pilar del envejecimiento digno, por ello es necesaria la inclusión de la perspectiva etaria y el derecho a la no discriminación en las políticas y acciones públicas en materia del derecho a la salud, para prevenir y demorar la aparición de enfermedades crónicas-degenerativas y mejorar su calidad de vida.
De acuerdo con cifras del Gobierno de la Ciudad de México, hasta el 2 de abril se encontraban registradas 1,643,259 personas de 60 años y más, de las cuales 1.031,760 han recibido la primera dosis de la vacuna, siendo las Alcaldías Iztacalco, Tláhuac, y Xochimilco las demarcaciones que presentan el mayor porcentaje de cobertura en la aplicación, al estar por alcanzar el 100% de cobertura de las dos dosis aplicadas a las personas mayores que residen en estas demarcaciones, lo que representa un gran avance para combatir la pandemia, sin embargo, es indispensable continuar con el proceso de inmunización para garantizar la segunda dosis de la vacuna a todas las personas mayores en esta urbe, en la que se concentran aún una gran parte de los contagios.
Desde la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) consideramos que la experiencia vivida nos debe servir para tomar conciencia desde todos los ámbitos, sobre el proceso natural e inevitable que es llegar a la vejez y por ello se deben instrumentar políticas públicas que fortalezcan las condiciones de vida adecuadas para que todas las personas durante el curso de su vida construyan un proyecto de envejecimiento saludable para el disfrute de una vida activa y digna en esta etapa etaria.
Así mismo este Organismo considera fundamental que en este contexto, el Estado mexicano manifieste su compromiso con los derechos humanos y libertades fundamentales de este grupo de población de atención prioritario, firmando y ratificando la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores a fin de contribuir a su reconocimiento, plena inclusión, integración y participación en la sociedad.
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Ciudad de México, a 12 de abril de 2021
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