Tras recabar información de 180 centros de atención residencial (158 privados, 16 de las Sociedades de Beneficencia y 6 públicos) de 23 regiones del país, que prestan servicios a más de 4500 personas adultas mayores, la Defensoría del Pueblo advirtió que el 47 % (85) de ellos enfrentó obstáculos para implementar medidas preventivas de contagio frente al COVID-19, como la carencia de equipos de protección personal y material de limpieza. En 61 (34 %) centros indicaron no contar con un/a médico/a a disposición las 24 horas y en 31 (17 %), no se habían realizado pruebas de descarte a la totalidad de la población adulta mayor.
Esta información fue obtenida el pasado mes de diciembre en el marco de una supervisión a las acciones del Estado desde el ámbito sanitario para garantizar el derecho a la salud de la población adulta mayor en los referidos centros y que se encuentra recogida en el documento Series Informes Especiales n.° 003- 2021-DP “El derecho a la salud de las personas adultas mayores en los centros de atención residencial: propuestas para una atención integral y prioritaria frente al COVID-19”, recientemente publicado por la Defensoría del Pueblo.
El documento también da cuenta de que en 81 centros de atención residencial se registró al menos una persona adulta mayor diagnosticada con COVID-19, el mayor número de dichos centros están en las regiones de Lima (53), Arequipa (5), Callao (4) y Puno (3). Asimismo, en 13 de los 81 centros señalaron que las personas no recibieron atención por parte del personal de salud y en 5 refirieron que las personas mayores no fueron monitoreadas por personal de salud de forma presencial ni virtual.
En 24 centros de atención residencial se señaló que las personas residentes no recibieron atención médica por problemas de salud diferentes al COVID-19 y en 96 centros identificaron aspectos que obstaculizaron su atención en salud, entre ellos, la falta de citas para consultas externas, limitaciones para acceder a exámenes de laboratorio, demoras en la atención, entre otros. Además, en 17 centros de atención residencial indicaron que las personas adultas mayores no accedieron a los medicamentos que requerían y en 100 de dichos centros manifestaron haber enfrentado al menos un obstáculo para acceder a los mismos. Situación que genera preocupación por la prevalencia de enfermedades crónicas en la población adulta mayor
Ante estos hallazgos, la Defensoría del Pueblo advierte la necesidad de fortalecer las medidas implementadas por los sectores involucrados, por lo que ha recomendado al Ministerio de Salud garantizar el acceso a la vacuna contra el COVID-19 a la totalidad de las personas adultas mayores que viven en los centros de atención residencial acreditados y no acreditados a nivel nacional. Además, que se identifique el número de personas adultas mayores fallecidas en los centros de atención residencial a causa del COVID-19 y que dicha información sea incorporada a la sala situacional COVID-19 Perú.
Asimismo, a las direcciones de redes integradas de salud, a las direcciones regionales de salud, a las gerencias regionales de salud y al Seguro Social de Salud se les ha solicitado diseñar y aprobar una estrategia de implementación y/o mejora de la atención domiciliaria en salud, lo que incluye la provisión de medicamentos y organizar un equipo de apoyo administrativo para el personal de la salud encargado de la aplicación de la vacuna contra el COVID-19, que permita emitir y publicar reportes regionales diarios sobre el avance del proceso de vacunación en dichos centros.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo resalta que hoy 31 de marzo entra en vigencia la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores que, entre otros, reconoce el derecho a un sistema integral de cuidados, ámbito que involucra a los centros de atención residencial que prestan cuidados de larga duración. En esa línea, se ha recomendado al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en su condición de ente rector en la protección de las personas adultas mayores, diseñar una estrategia multisectorial para la consolidación y extensión de un sistema integral de cuidados para dicha población, a propósito de los compromisos asumidos por el Estado peruano.
La Defensoría del Pueblo se mantiene vigilante sobre las acciones que viene desarrollando el Estado para la protección de las personas adultas mayores ante la expansión del COVID-19.
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Fuente: Defensoría del Pueblo - 31/03/2021
https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-urge-garantizar-atencion-en-salud-de-personas-adultas-mayores-en-centros-de-atencion-residencial/