La meta es la visión sistémica hacia el desarrollo de un sistema nacional integrado de cuidados, con soluciones más integrales y de fondo.
Rosa Campoalegre, socióloga.
Cada vez más las familias y la sociedad fijan su mirada en los cuidados, sin los cuales no es posible pensar en el desarrollo social sostenible de cara al año 2030, cuya agenda mundial pautada por la Organización de las Naciones Unidas insta a reconocerlos y valorarlos. Particular significación reviste este tema en Cuba debido a su modelo de desarrollo económico social inclusivo y al acelerado proceso de envejecimiento de su población, con más del 20,4 por ciento de personas mayores de 60 años.
Emerge con fuerza el dilema de quién cuida a quién y cómo, que revela un eje de tensión principal, en el que confluyen las familias, el Estado, el mercado y la sociedad civil. Ello conduce al problema de la ética y la economía de los cuidados como tipo de trabajo social, que no se reduce al ámbito familiar y, sin embargo, ha sido considerado como una acción marginal de la economía productiva.
Cuidar no es solo un asunto económico o material, aunque a menudo se reduce a ello, es significativamente un proceso afectivo. Al proveer apoyo emocional básico para el desarrollo humano, transita a una expresión de solidaridad.
Si bien la producción científica sobre el tema ha sido amplia y gana en intensidad, así como determinadas prácticas políticas, el contexto nacional de mayores desigualdades sociales coloca el tema como prioridad, mientras al interior de los hogares no se ha dado plenamente la batalla de la corresponsabilidad de los cuidados.
Nuevo enfoque sobre cuidados
La orientación rectora del debate es la tendencia a promover un nuevo enfoque de políticas públicas respecto a los cuidados. ¿En qué consiste ese viraje, qué lo distingue?
En primer término se trata de que la complejidad y la diversidad de los cuidados conduzcan a un planteamiento en plural y con circularidad hacia una política pública específica e interseccional en este campo. Los cuidados son de disímiles tipos, según sus demandas, contextos y agentes sociales implicados.
En segundo lugar, se alza el imperativo de rebasar el enfoque de salud o de género vistos de manera aislada para arribar a un enfoque integrado desde una perspectiva de género, derechos y de promoción de salud, que tome en consideración las intersecciones entre género, color de la piel, clase, edad, territorio y situación de salud.
En este sentido, entender los cuidados como derecho universal no se limita a que todos y todas necesitamos cuidados, lo hemos tenido, lo tendremos y debemos reciprocarlos, sino al derecho invisible de decidir cuidar o no, a quién y en qué condiciones.
Ese derecho signado en instrumentos jurídicos internacionales ha tenido importantes contribuciones en América Latina, especialmente destacan: el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo (2013) y la Estrategia de Montevideo, aprobada en la XIII Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe (2016). Sin embargo, tal derecho a decidir es negado a las mujeres porque se ha naturalizado la feminización de los cuidados.
Expertas feministas reportan que las mujeres realizan alrededor del 80 por ciento del trabajo de cuidados a escala internacional, por lo que son las mayores proveedoras a la sociedad de un bien principal no monetarizado.
En Cuba, según la última Encuesta Nacional de Igualdad de Género (ENIG-2016), las mujeres dedican 14 horas más de tiempo en sus hogares que los hombres a estas tareas (35:20 horas vs 21:04 horas).
Ha sido difícil colocar este tema en la agenda pública en función de lograr un sistema integrado de cuidados. Al respecto, la abogada argentina Laura Pautassi describe esta polémica trayectoria como: El cuidado: de cuestión problematizada a derecho. Un recorrido estratégico, una agenda en construcción, que es el título de su libro publicado en 2018.
Circuitos de cuidado en Cuba
Cuidar implica la articulación de modos, escenarios y agentes para su realización, son los llamados “circuitos de cuidados”. Veamos entonces cuáles son y cómo se configuran en el país.
En el primer circuito se ubica el Estado, cuyas obligaciones se regulan con rango constitucional. Ello se concreta mediante políticas públicas de: salud, educación, empleo, medios de comunicación, infancias y juventudes, así como los programa nacionales del adulto mayor, para afrontar el envejecimiento poblacional, círculos infantiles, educa tu hijo, infancias y juventudes, empleo femenino y personas con discapacidad. También, mediante programas sociales tales como El Médico y la enfermera de la familia, que mantiene el sesgo patriarcal en su nombre cuando las mujeres son mayoritarias en los servicios de sanitarios.
Es relevante en este análisis el Decreto Ley de la Maternidad de la Trabajadora, que extiende la licencia retribuida a los padres, si bien es ínfima su utilización por estos, demostrando las brechas género. Su propia denominación ya deja ver el sesgo machista, mediante el cual se extendió a los padres este derecho. Un estudio realizado por un colectivo, donde se incluye la autora, muestra que en 2015 solo 125 padres se habían acogido a ese Decreto Ley.
La debilidad de esta política radica en que no se ve acompañada de acciones de transformación cultural efectivas, a través de medidas de incentivo o “castigo” para promover la participación de los padres o estimular a las administraciones que privilegien esa opción. No obstante, constituyen avances que introduce otros cambios como: Extender a los abuelos y abuelas que sean trabajadores, la posibilidad del cuidado de bebés hasta su primer año de vida. Si fallece la madre, la norma establece una protección al padre, familiar trabajador u otro familiar trabajador a quien se encargue el cuidado del menor, al tiempo que dispone tratamiento diferenciado cuando el o la pequeña necesite atención especial.
Las ventajas más significativas de tales programas son su universalidad, gratuidad y el papel central del Estado. Las desventajas radican en las desigualdades de género, carencia de un enfoque interseccional, insuficiente evaluación de impactos y vacíos legislativos. Nótese que aún la nueva Constitución (vigente desde 2019) no declara explícitamente el cuidado como derecho universal.
En el segundo circuito aparecen las familias y dentro de estas son las mujeres las que realizan en lo fundamental el trabajo doméstico y de cuidado. Las mujeres son las principales proveedoras de cuidados con independencia de su alta incorporación al trabajo productivo en el mal llamado ámbito “público” y a su predominio en la fuerza técnica en el país. Es como tendencia un trabajo no remunerado, realizado por parientes en calidad de obligación y afecto. Esto ha significado mayor vulnerabilidad de las cuidadoras y una elevada familiarización de la atención.
El mercado o sector no estatal de la economía ocupa el tercer circuito. La Resolución 104/2019 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, establece ser “cuidadora” (una clasificación que repite el sexismo), como unas actividades que se pueden ejercer el trabajo por cuenta propia. Es un trabajo mejor remunerado como tendencia que el estatal, tiene mayor crecimiento y heterogeneidad socioestructural, pero menos protección social. Aún no se establecen los cuidados como uno de los motivos para la autorización de la suspensión temporal de actividades laborales en el sector no estatal.
El cuarto circuito es la sociedad civil. Las redes comunitarias tienen gran influencia en el funcionamiento familiar, debido a que en Cuba predominan las familias abiertas “puertas afuera”, con intensa comunicación y apoyo barrial. En ellas se integran iniciativas de la población, académicas, de las oenegés y las denominaciones religiosas con alta incidencia asistencial en las comunidades cubanas.
Los desafíos poscovid: aprendizajes y propuestas
La pandemia devuelve múltiples lecturas acerca de los cuidados y la primera de ellas es asumirlos como asunto global. El punto de partida para reflexionar sobre los cuidados poscovid es pensar en las convergencias entre Cuba y las experiencias internacionales.
La primera convergencia está dada por la feminización de los cuidados. La segunda radica en la precariedad del trabajo como “cuidadora/cuidador”, bajo la influencia de las debilidades en la profesionalización, con la carencia de un sistema nacional de formación en este campo, los bajos ingresos comparativos y el peso de su modalidad informal, que no se registra como trabajo remunerado ni tiene acceso a la seguridad social.
La preparación para los cuidados solo comprende cursos cortos de capacitación, sin la divulgación, funcionalidad y certificación profesional.
La tercera convergencia, menos uniforme, es el apoyo del gobierno central a las redes locales, acrecentado en respuesta a la pandemia por covid-19. A diferencia del mundo, Cuba garantiza protección salarial igual a trabajadores y trabajadoras del cuidado de ambos sectores durante la pandemia, pero quedan fuera las personas cuidadoras informales. Es preciso estudiar los disensos en estas experiencias, para una agenda de cambio.
Internacionalmente se identifican cinco políticas de cuidados. Cabría preguntarse cómo se manifiestan en Cuba.
En el país se emplean acciones correspondientes a las políticas de tiempo mediante las licencias parentales, las de ingresos a través de la asistencia social a las personas y familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad social; políticas de servicios dirigidas a las personas y grupos que requieren cuidados especiales/ diferenciados y en menor medidas se aplican políticas de condiciones laborales para el trabajo remunerado, con la formalización de los cuidados en el trabajo por cuenta propia.
El imperativo es diversificar y articular las estas políticas de cuidados, asumiendo como eje transversal las políticas de transformación cultural. Ello entraña un desafío de orden teórico- metodológico de alta implicación política consistente en producir nuevos conocimientos capaces de concretar otras herramientas que rebasen las tradicionales Encuestas de Uso de tiempo en los hogares, las cuales no pueden captar la diversidad de dimensiones del trabajo de cuidados, ni las estrategias familiares que estas demandan ante las nuevas y crecientes necesidades de cuidados, sus costos reales y sus respuestas desde políticas públicas específicas. Se añade el reto del deslinde entre el trabajo doméstico y el de cuidados remunerado o no, confundirlos, contribuye a la reproducción de desigualdades de género en los cuidados.
Otra transformación clave sería redimensionar las estrategias de comunicación, acompañando la denuncia de la división sexual del trabajo con la demostración de su impacto para poner en claro lo esencial: la noción de trabajo y derecho universal como centro del debate y su tránsito de la política pública específica de manera integrada. Se impone superar las dicotomías en materia de derecho al cuidado y su regulaciones jurídicas e instrumentaciones prácticas, que configuran polos de atención: infancias/personas mayores, sector/estatal/no estatal, maternidad/paternidad.
Finalmente, valdría cuestionarse si los circuitos de cuidados se están reconfigurando ante la pandemia y cómo deben ser asumidos estos cambios. Cuba prioriza la ciencia, la solidaridad y la disciplina social frente al coronavirus.
En tales circunstancias, emerge una reconfiguración del primer circuito, un ensanchamiento mediante la articulación entre Estado, familias y redes comunitarias. La pregunta es: ¿Estamos ante el tránsito hacia un circuito integrado de cuidados, más flexible, participativo y personalizado, que articula academia y comunidad? Véase los nuevos servicios psicosociales surgidos como los psicogrupos de Whatsapp, las líneas de ayuda y Acompáñame, entre otros, que han sido desarrollados por la Sociedad Cubana de Psicología, el Ministerio de Salud Pública y el Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas. Debemos estimular este tránsito poscovid.
Existen nuevas posibilidades y el reto es aprovecharlas. Hoy se borran los límites del voluntariado, el aislamiento físico deviene en más proximidad solidaria, para quedarse en casa y aun así ofrecer el corazón al país y al mundo.
Cuba es un caso atípico respecto a los regímenes de bienestar, pues se acerca al tipo mixto por sus políticas sociales universales y la introducción de cierta familiarización, con la transferencia de determinados servicios que garantizaba el Estado y que ahora los asumen de manera creciente las familias, a través del mercado, especialmente el cuidado infantil y de personas mayores. Por ello, se profundizan desigualdades sociales que inciden en la calidad diferenciada de los cuidados ¿Debemos proseguir esa senda o reorientar el rumbo?
La meta es la visión sistémica hacia el desarrollo de un sistema nacional integrado de cuidados, con soluciones más integrales y de fondo, basadas en el reconocimiento de los cuidados como derecho universal, y esto exige un nuevo diseño, tanto de los enfoques, las prestaciones y los servicios, como en los actores proveedores de bienestar y su interrelación sobre la base de la corresponsabilidad. Ese es el reto, que hoy debe ser priorizado en clave de agenda 2030 poscovid.
Fuente: IPS Cuba – 28/07/2020
https://www.ipscuba.net/sociedad/quienes-cuidan-y-como-preguntas-en-cuba/