En el marco de las actividades dedicadas a conmemorar el Mes de la Persona Adulta Mayor, que se celebra cada año en el mes de enero, de acuerdo al Decreto Legislativo No. 144, del 10 de enero de 1992, quiero externar mi reconocimiento a la importante contribución de las Personas Adultas Mayores a la sociedad salvadoreña, quienes desde distintos ámbitos aportan tanto al desarrollo y bienestar de nuestras familias, como al del país en general.
Quiero aprovechar también esta oportunidad para hacer una mención especial al incansable esfuerzo de las y los representantes de la Mesa de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores de esta Procuraduría y a los referentes de las organizaciones, quienes día a día luchan por la reivindicación de sus derechos y por mejores condiciones de vida para la Población Adulta Mayor de nuestro país.
En virtud de lo anterior, en mi calidad de Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, he considerado propicia la ocasión para expresar mi enorme preocupación y lamentar las condiciones de abandono, marginalidad y pobreza extrema en la que se encuentra la gran mayoría de la población adulta mayor, así como la ausencia de acciones efectivas dirigidas a modificar esta alarmante situación. Hoy por hoy, pese a algunas iniciativas positivas impulsadas, nuestro país no ha podido avanzar hacia un estado que garantice, ni en el presente ni a futuro, el ejercicio de los derechos de este grupo poblacional.
El fenómeno del progresivo envejecimiento de la población constituye una realidad ineludible tanto a nivel nacional como internacional y, como todo cambio, presenta tanto retos como oportunidades. Por tanto, como Defensora del Pueblo, hago un enérgico llamado a las instituciones estatales y la sociedad en general para que se efectúe un estudio integral y completo del fenómeno del envejecimiento en nuestro país, el cual debe estar basado en el enfoque de derechos humanos y servir de base para la construcción de programas y acciones concretas a favor de la población adulta mayor. En tal sentido, desde ya se debe convertir en una prioridad estatal la prevención y erradicación de toda forma de discriminación en contra de las personas adultas mayores.
En este contexto, debo reconocer como muy positivo el proceso de consulta que ha impulsado la Secretaría de Inclusión Social dirigido a construir una propuesta de Política Nacional para la Población Adulta Mayor basada en derechos humanos. Sin embargo, a un año de haberse presentado al Órgano Ejecutivo, no hay claridad de un avance sustancial, por lo que considero necesario reiterar la urgencia de implementar una Política de Estado sobre el Envejecimiento Poblacional que, entre otras cosas, debe definir una nueva rectoría en las políticas públicas sobre la materia. Lamentablemente, la ausencia de esta en la agenda política del Estado es un indicador del poco interés de las autoridades para asumir la defensa de derechos sociales: empleo, seguridad social, pensiones y salud; entre otros.
Por otra parte, aprecio ampliamente el esfuerzo realizado por la Asamblea Legislativa y por otras autoridades estatales concernidas para la aprobación e implementación de la Ley Transitoria para Facilitar el Asentamiento de Partidas de Nacimiento de las Personas Adultas Mayores, la cual garantiza el derecho a la identificación de esta población, con un procedimiento gratuito y sencillo en los Registros del Estado Familiar de las Alcaldías de las cabeceras departamentales de nuestro país.
Por lo tanto, insto a la Honorable Asamblea Legislativa a prorrogar el Decreto y continuar con este proceso, a fin de evitar que exista población adulta mayor que carezca de identificación.
Asimismo, reitero la urgente necesidad de reformar o aprobar una nueva Ley de Atención Integral para la Persona Adulta Mayor, proceso que se encuentra pendiente desde hace varios años dentro del Órgano Legislativo.
Del mismo modo, ha sido muy positivo observar que actualmente a nivel internacional se cuenta con la primera “Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores” de la Organización de los Estados Americanos (OEA, 2015), cuyo objetivo es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas mayores.
Por lo que insto al Órgano Legislativo a que proceda sin dilaciones y sin reservas a la ratificación de esta Convención, para su implementación como instrumento jurídicamente vinculante.
La Convención ya fue presentada por el Órgano Ejecutivo para conocimiento y ratificación de la Honorable Asamblea Legislativa, con remisión a la Comisión de Relaciones Exteriores, Integración Centroamericana y Salvadoreños en el Exterior. En tal sentido, hago un llamado a las señoras diputadas y señores diputados que conforman dicha Comisión, para que agilicen el proceso de discusión y consulta de este instrumento, se dictamine favorablemente y sea trasladado al Plenario de la Asamblea Legislativa para su pronta aprobación, con el objetivo de que El Salvador ratifique la “Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores”.
Por todo lo anterior, en mi calidad de Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, y dentro del marco de mi mandato constitucional y legal de velar por el respeto y garantía de los derechos humanos, exhorto a todas las autoridades e instituciones estatales, así como a los diferentes sectores sociales, a las familias y a todas las personas en general, a respetar los derechos humanos de las personas adultas mayores y fomentar una cultura de reconocimiento y que permita la construcción de condiciones para conservar y asegurar la plenitud de la dignidad humana de cada hombre y cada mujer adulta mayor en El Salvador.
San Salvador, enero de 2017.
Disponible en:
http://www.pddh.gob.sv/menupress/799-pronunciamiento-de-la-señora-procuradora-para-la-defensa-de-los-derechos-humanos,-licenciada-raquel-caballero-de-guevara,-en-conmemoración-del-mes-de-la-persona-adulta-mayor