Autoridades, tanto de la Policía como de Derechos Humanos y de una asociación que aglutina a los adultos mayores, ven con preocupación el que se conozca a voces el tema de los abusos a estas personas, pero no se denuncie ante las autoridades correspondientes, lo que hace que estos hechos tan atroces e inhumanos queden impunes.
Anambo (Asociación Nacional de Adultos Mayores de Bolivia) ha reportado 14 mil denuncias en su vida institucional de más de 10 años, no obstante se cree que esta cifra pudiera fácilmente duplicarse si sus afiliados conocieran más sus derechos.
La mayoría de los casos corresponden a despojos y abandonos hacia este sector, calificado como el “más vulnerable”. Estos delitos están tipificados en material penal como violencia económica y patrimonial, donde los ancianos son privados de sus ingresos por sus familiares, en otras situaciones los despojan de sus inmuebles por temas de herencia. Es la familia la que más vulnera los derechos de los abuelos y abuelas, según sugiere Carlos Loza, quien ejerció el cargo de titular de Anambo en su momento.
Lozada además indicó que el maltrato hacia el adulto mayor si bien se da más en la casa, también se lo está viendo en las calles, puesto que son víctimas de la burocracia y discriminación en varias entidades, lo cual va en contra de las leyes.
En Bolivia, se estima que hay 600 mil personas mayores de 60 años, al llegar a esa edad son propensos a ser víctimas de múltiples tipos de violencia. La violencia física y psicológica.
Según reporte de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia de Santa Cruz (Felcv), en el primer trimestre, 137 adultos mayores asentaron denuncias, en su mayoría en contra de los mismos hijos, nietos y otros miembros de su familia, así lo dio a conocer el mayor Israel Espinoza, perteneciente a esta unidad policial, quien también aclaró que no es recurrente estos tipos de casos, ya que el sector no acostumbra denunciar a sus agresores por falta de dinero, fuerzas y desconocimiento de las leyes contra la violencia que los ampara.
Por su parte, María Inés Galviz, titular de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos en Santa Cruz, señaló que la atención hacia los ancianos es deplorable en todas las instituciones públicas e informó que en su institución a la fecha van más de 300 casos donde los abuelos han denunciado la vulneración de sus derechos y su dignidad como personas y seres humanos.
Galvis al igual que el representante de la Felcv y de el propio exdirigente de la Asociación de Adultos Mayores instaron a todos los abuelos y abuelas a no callar estos abusos, a denunciarlos y que sea la justicia la que los juzgue, esto por su seguridad y por el respeto y los derechos que ellos tienen.
Fuente: La Estrella del Oriente - 24/4/2016.
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