Sólo una de siete leyes aprobadas en Bolivia para la protección del Adulto Mayor (AM) es la que mejor se cumple –Renta Dignidad-, aunque no a cabalidad, mientras que las otras cinco tienen una aplicación deficiente por la falta de conocimiento de las instituciones estatales, entidades privadas, propios Adultos Mayores y sociedad en general, señalan dos instituciones involucradas en el tema y un representantes del sector.
El director de HelpAge Bolivia, Javier Castro, dijo que los Adultos Mayores hoy están mejor que antes, resultado de la acción de un Estado más proteccionista que emitió varias leyes favorables al sector, pero reconoció que todavía falta mucho por hacer. Pese a ello indicó que el principal escollo para mejorar la situación del Adulto Mayor sigue siendo la aplicación de la norma.
“Bolivia en general es un país que tiene bastantes leyes a favor de los adultos mayores, sin embargo donde siempre tropezamos es en la aplicación, y lo primero que tiene que ver es por desconocimiento porque ni los Adultos Mayores conocen sus derechos y las normas que los protegen, y menos aún las demás partes de la sociedad, entonces unos no pueden exigirlos y los otros tampoco pueden aplicarlos”, sostuvo.
El representante de la Asociación del Concejo del Adulto Mayor de La Paz, Delfín Berdeja, también destacó los avances del actual gobierno en este tema, en relación a otras administraciones, sin embargo, subrayó que “hasta ahora no se les da el derecho ni se les respeta”.
“Tenemos que señalar que el adulto mayor a construido el país, ha hecho la parte que le correspondía hacer para que un país pueda seguir desarrollándose, y en el caso de Bolivia, los adultos mayores definitivamente han defendido la democracia. Pero lamentablemente no se está respetando de manera real los derechos humanos de los adultos mayores”, manifestó.
Elizabeth Calizaya, responsable nacional del Proyecto Adulto Mayor de Cáritas Boliviana, sostuvo que las personas de 60 años en adelante son las más maltratadas por la sociedad, y que las leyes aprobadas en su beneficio, por los distintos gobiernos de turno, no son aplicables en la mayoría de los casos.
“La sociedad piensa que ser Adulto Mayor es estar en la última etapa de la vida y lo único que tiene que esperar es morir, no hay un respeto al Adulto Mayor, y eso se ve todos los días en las diferentes entidades del Estado y la sociedad”, lamentó.
Vulneración de derechos
El representante de HelpAge señaló que la mayor cantidad de denuncias de los Adultos Mayores están referidas a violencia intrafamiliar, situación contemplada en la Ley 1674 contra la violencia en la Familia y Doméstica, que protege a las personas adultas mayores de todo tipo de violencia física y sicológica que puedan sufrir al interior de la familia.
“Los informes dicen que la mayor parte de la vulneración de los derechos tiene que ver con violencia contra ellos, y normalmente la vulneración de derechos viene de los familiares, las personas más cercanas son las que más vulneran sus derechos, los hijos, y esto se da más en el campo, donde también hay mayor desconocimiento de los derechos”, manifestó.
La representante de Cáritas agregó que esta situación poco se porque “los abuelitos prefieren no denunciar a sus familiares”. Cuando hay denuncia, agregó, “el incumplimiento de la norma en la administración de Justicia es otro problema”. Según un reciente informe, en la ciudad de El Alto, de 2.000 denuncias presentadas por violencia contra Adultos Mayores, sólo tres llegaron a estrados judiciales.
Ley 073 de Deslinde Jurisdiccional
Otros abusos hacia los adultos mayores se observan en el incumplimiento de la Ley 073 de Deslinde Jurisdiccional. Javier Castro dijo que las denuncias referidas a despojos de propiedad ocupan el segundo lugar en cantidad de denuncias.
“Eso es muy común en el campo, a los adultos mayores les quitan sus terrenos porque ya son muy viejitos y los hijos se quieren apropiar de eso y los desconocen, o si no también la comunidad los juzgan cuando ya no pueden cumplir sus labores, les dicen ‘tienes que sembrar, tienes que cosechar’, y si dicen que ya no pueden entonces les quitan sus tierras”, apuntó.
Por esta situación, Cáritas Boliviana capacita a las personas mayores para tratar de evitar estos avasallamientos. “Es por eso que nosotros hacemos campañas entre ellos y les entregamos el artículo de la ley, impreso, cosa que cuando les quieran quitar sus tierras ellos puedan mostrar la ley que los ampara, porque muchos no conocen la norma”, manifestó.
La ley 073 de deslinde Jurisdiccional señala que las autoridades indígenas originaria campesina no deben despojar a las personas mayores de sus tierras ni expulsarlas por incumplimiento de deberes comunales, cargos y aportes.
Ley 1886 de Derechos y Privilegios
La ley 1886 de Derechos y Privilegios indica que las personas mayores de 60 años tienen el derecho a ser atendidas con preferencia sin realizar filas en ventanillas de cualquier oficina del Estado o instituciones privadas. También deben recibir el descuento del 20 por ciento en el consumo del agua, luz, impuesto de inmuebles, pasajes del transporte aéreo, ferroviario, fluvial y terrestre a nivel local, interprovincial e interdepartamental.
Estos derechos y beneficios citados son poco conocidos por los adultos mayores, y las instancias del Estado, aunque las conozcan, no informan a los favorecidos ni realizan controles para su cumplimiento.
“En el tema del transporte, los Adultos Mayores tiene derecho a un descuento pero muchas veces no se cumple porque hay menor control. En el tema aéreo normalmente se cumple pero hay poca gente que puede acceder a ese servicio. Lo mismo sucede en los transportes internos urbano rural, y a eso se suma la mala calidad de atención o discriminación de la cual son objeto los adultos mayores”, señaló Castro.
Estos beneficios no son reales para las personas mayores de 60 años, señaló Delfín Berdeja.
“Hay una ley que dice que vamos a pagar 20 por ciento menos de impuestos, pero dónde y cuándo, y en el área rural cuándo, qué llega de estas leyes al área rural; haya no hay buses, no hay minibuses, a ellos no les descuentan el 20 por ciento que acá tampoco nos lo reducen, estas leyes no son reales para el Adulto Mayor”, cuestionó.
Sobre la atención preferencial, dijo que se cumple en “alguna medida”, más en el sistema financiero, pero no así en las instituciones del Estado que “son las llamadas a hacer cumplir”.
“Uno va a la renta y tiene que hacer fila, y es peor en Derechos Reales, es una vergüenza, hay caja para el Adulto Mayor pero es peor que hacer la fila normal, en la atención pública en general no hay facilitadores, ese es un mal general en Bolivia, lamentablemente no es eficaz, es bloqueador, no facilita las cosas, y cuando somos adultos mayores necesitamos que nos faciliten no que nos pongan trabas”, lamentó.
La representante de Cáritas agregó, respecto al descuento del 20 por ciento en tarifas de agua y luz, que “la mayoría de los adultos mayores de las áreas periurbanas viven en casas de alquiler, y la ley dice que el beneficio es para los adultos mayores que tienen casa propia”.
Ley 3323 del SSPAM
La Ley 3323 del Seguro de Salud para las Personas Adultas Mayores (SSPAM) señala que quienes no estén afiliados a un seguro de salud tienen derecho a atención médica gratuita en todos los centros médicos dependientes del municipio.
La debilidad en el servicio de la salud está en la calidad de la atención y la calidez de atención, señaló HelpAge.
“La calidad tiene que ver con los conocimientos de los médicos para tratar a un Adulto Mayor, en qué medida ellos tienen las habilidades para atender de manera particular. Ya que no son especialistas, los médicos generales deberían tener conocimientos generales para atender a un Adulto Mayor pero en general no existe ese conocimiento y mucho menos en el campo”, dijo.
Esta situación se agrava al existir sólo nueve geriatras para atender a más de 900 mil adultos mayores en todo el país.
Delfín Berdeja reconoció que si bien el SSPAM representa una ayuda importante para todo aquel Adulto Mayor que no cuenta con un seguro médico, lamentó que el servicio tenga adicionado el maltrato.
“Creen que los adultos mayores no entienden lo que es el buen trato, realmente es increíble lo que sucede en los centros médicos, no sólo administrativos, sino enfermeras y también el médico muchas veces, aparte que no hay medicamentos, las filas hay que hacerlas desde las tres, cuatro de la mañana, y cuando llegan les dicen ‘ya no hay ficha’ y ‘vuélvase mañana’, no consideran que es gente que apenas camina, que apenas habla, es gente del área rural que no puede expresarse en español”, lamentó el representante.
El área rural es la más desprovista de este beneficio, agregó Cáritas. “Hemos encontrado municipios que ni siquiera tiene la firma de convenio con las entidades que van a prestar este servicio, ni con la Caja ni con Sedes y es por eso que los adultos mayores no se benefician”, indicó.
Ley 369 de las Personas Adultas Mayores
Esta Ley aprobada el 1 de mayo de 2013, señala que garantiza el desarrollo integral de las personas mayores sin discriminación y violencia; trato preferente; acceso a la vivienda; a la alimentación; a la incorporación en el desarrollo económico y productivo del país; al reconocimiento de sus conocimientos y a la seguridad social integral. Es considerada por los entrevistados como muy ambiciosa, en vista que ya las anteriores normas no se pueden cumplir, y a la vez muy general, porque no especifica las líneas de acción.
Ley 3791 de la Renta Dignidad
La Ley 3791 de la Renta Universal de Vejez (Renta Dignidad) otorga una pensión vitalicia y universal a todas las personas mayores de 60 años, que tengan o no jubilación.
Para HelpAge la ley 3791 es la norma éxito para los adultos mayores y destacan su incidencia en la economía familiar.
“Sin duda, la renta dignidad parece muy poquita, pero tiene un efecto multiplicador, los adultos mayores en general por la cultura boliviana son considerados jefes de hogar y en las casas donde habían adultos mayores se pudo ver cómo varió un hogar que tiene un adulto mayor y otro que no tiene”, manifestó.
Caritas también reconoció que éste es uno de los beneficios que mejor se cumple, aunque aún existe un margen menor de personas mayores, principalmente en el área rural, que no lo reciben por falta de documentos. “Tal vez el mayor beneficio para los adultos mayores sea la renta dignidad”, expresó.
De acuerdo a los datos del censo 2012, en Bolivia hay 905.014 adultos mayores, de los cuales sólo el 16,3 por ciento cuentan con una jubilación. “Esto nos muestra que el pago de esta Renta Dignidad es fundamental para la mayoría de los y las adultos mayores”, apuntó.
Para Delfín Berdeja la ley 3791, sin bien representa un ingreso económico para los mayores de 60 años, es “altamente discriminatoria”.
“Si usted trabaja (tiene jubilación), ayuda la Renta Dignidad; sino trabaja (no tiene pensión), no ayuda. Hay gente que vive en el Ejército de Salvación, porque no tiene dónde pagarse un cuarto, y cuando se paga un cuarto, mínimo son 100 bolivianos, y luego está la luz y el agua, ¿y para el transporte? Entonces, no alcanza ya para comer. Al jubilado le llega 200 bolivianos más cada mes y es un alivio, pero si no tiene trabajo y no tiene jubilación, es un tormento, entonces la Renta Dignidad si bien le sirve pero no alcanza”, manifestó.
El artículo 67 de la Constitución Política del Estado indica que todas las personas adultas mayores tienen derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humana. El artículo 68 establece que el Estado adoptará políticas públicas para la protección, atención, recreación, descanso y alguna ocupación, de acuerdo a las capacidades y posibilidades de las personas mayores.
De acuerdo a los datos del Concejo Adulto Mayor de La Paz, del 84% de las personas adultas mayores que no tienen jubilación, el 20% trabaja hasta sus 80 años, el otro 20% está amparado por su familia y el restante 60% (unas 500 mil personas) vive en extrema pobreza y trabaja hasta morir. “Es una realidad que el gobierno tiene que entender, es por eso que nosotros pedimos una jubilación universal que se equipare al salario mínimo nacional”, demandó Berdeja.
Algunos datos
Según datos de HelpAge, el 59% de la población mayor de 60 años vive con menos de un dólar al día, es decir en extrema pobreza. Sólo el 22% cuenta con una renta o pensión jubilatoria.
En 2010, las plataformas de atención para personas adultas mayores de las nueve ciudades capitales y otros ocho municipios, recibieron más de 13.000 denuncias por vulneración de derechos.
En cuanto al acceso a la salud, si en el 2009 el número de personas adultas mayores afiliadas al SSPAM era de 199.220, en 2010 se redujo a 194.337 por razones de reafiliación, complicando el goce efectivo de este derecho.
El 57% de las entidades bancarias no conoce la ley 1886 de derechos y privilegios, y el 46% no cuenta con ventanillas únicas de atención para personas mayores. Más del 62% de las empresas de transporte también desconoce esta ley, por los tanto no aplican los descuentos correspondientes.
Fuente: Radio Fides - 10/4/2014.
http://www.radiofides.com/noticia/social/Revelan_que_solo_1_de_7_leyes_del_Adulto_Mayor_se_cumple_mejor_en_Bolivia