En Uruguay hay unas dos mil casas de salud pero solo 93 cumplen todos los requisitos. Y muchas son clandestinas. Los controles del Estado son insuficientes pero si fueran rigurosos el sistema colapsaría.
por Francisco Marques
En Uruguay, según cifras del censo de 2004, unas 400 mil personas tienen más de 65 años, un 14% de la población. Si algún día está pronto el censo de 2011, habrá cifras más precisas pero, a juzgar por el siempre mencionado grado de envejecimiento del país, seguro que hoy, en 2012 hay muchos más. Del total de los adultos mayores, a 2004, más de 12.000 residía en algún centro de cuidados.
Ese mercado se reparte en una cantidad no establecida de casas de salud, pero que iría de las 600 registradas en Montevideo a más del doble si se le suman las clandestinas. Y de todos los residenciales que existen en Montevideo, sólo 93 cumplen a rajatabla con los requisitos que demanda la ley. No hay información a nivel nacional.
Cada vez vivimos más años -lo que es una bendición- pero también un motivo de preocupación demográfica. Además, cuestiones de la vida moderna como cambios en la estructura familiar o en la dedicación al trabajo, explican por qué los adultos uruguayos están tercerizando la atención de sus padres.
Es una coyuntura sociológica convertida en un buen negocio. En ese mercado, como en casi todo, hay baratos (los más modestos pueden costar unos 7.000 pesos mensuales), y muy caros (por algunos de los nuevos residenciales de lujo se pagan hasta 50 mil pesos mensuales). Hay poco serios y muy serios. Las prestaciones, la atención y las instalaciones suelen ser acorde a la cuota.
El 14 de junio, una mujer de 82 años fue encontrada muerta en Rincón del Cerro. Deambulaba después de escaparse de una casa de salud privada de la zona. Como de tantos otros, el sector ancianidad de la Dirección Nacional de Salud Pública ignoraba la existencia de ese residencial. A raíz de la muerte de la anciana, lo inspeccionaron y confirmaron que era un centro clandestino y que las condiciones de cuidado eran pésimas. La casa fue cerrada y se realojó a los residentes.
En 2005 -la última cifra oficial- había registradas alrededor de 800 casas de salud. Hoy, Mercedes Pérez, adjunta de la Dirección Nacional de Salud, explica que, si bien los datos se están actualizando, sólo en Montevideo existen más de 600 casas registradas. Pero, involucrados en el tema coinciden en que los residenciales clandestinos puede llegar a duplicar este número. El Estado reconoce la existencia de un mercado paralelo y en negro.
Mirna Martirena, secretaria de Derechos Humanos de la Organización Nacional de Jubilados, presentó este año 19 denuncias contra residenciales en que se registraron abusos. Y si bien tampoco posee cifras oficiales, Martirena estima que de cada 10 residenciales, entre tres y cuatro son irregulares.
Con la ley 17.066 de 1999, y su reglamentación, se creó un régimen especial para todos los centros que "brinden vivienda, alimentación y servicios relativos a la salud para los adultos mayores". Hay residenciales privados con fines de lucro, hogares sin fines de lucro, centros diurnos, refugios nocturnos y los servicios de inserción familiar. Este ordenamiento implicó un avance.
Con la intención de combatir la clandestinidad, la norma exige el registro de los residenciales en el Ministerio -que, es claro, no todos cumplen- y reglamenta los requisitos técnicos que deben cumplir: contar con determinado número de funcionarios, brindar servicios de enfermería y ser supervisados por un referente médico. Hay especificaciones de infraestructura y condiciones de los servicios, como la alimentación.
Las exigencias son muchas y es por eso que, en Montevideo, sólo 93 cuentan con la habilitación total del Ministerio de Salud Pública, el MSP, lo que implica que cumplen estrictamente con los requisitos legales; 30 tienen pendiente su habilitación. El resto está en régimen de vigilancia: su servicio no es deficitario, pero están "bajo custodia" según explica Pérez porque no cumplen con el 100% de los requisitos. Oscar Grané, presidente de la Asociación de Residenciales del Adulto Mayor, la Aderama, explica que la falta de habilitación puede ser resultado de una omisión importante (la falta de un matafuego o un doctor responsable) o una simple (el carné de salud del personal o que no haya mosquiteros).
En lo que va del año, el MSP cerró 55 casas sólo en Montevideo. De esos cierres, 33 se realizaron de forma "clandestina". Esto significa, según lo informado por el ministerio, que los propietarios, ante las actuaciones y requerimientos de los técnicos, "desaparecieron". No hay forma de saber si efectivamente abandonaron el negocio o trasladaron el residencial a otro lugar.
El equipo de inspectores del sector ancianidad del MSP -integrado por seis personas- es el encargado de responder a las denuncias en todo Montevideo y coordinar con las oficinas del ministerio en el Interior. Yamandú Bermúdez, director nacional de Salud, considera la vigilancia como prioridad pero reconoce que el personal es escaso. Falta presupuesto, dice, pero también especialización, ya que los funcionarios requieren una preparación especial. El equipo incluye geriatras, trabajadores sociales y psicólogos.
En principio, el objetivo de las inspecciones es observar las fallas para mejorar la calidad del centro, pero en algunos casos se pueden llegar a imponer multas e incluso la clausura. Gómez, la asesora del MSP, explica que la política es evitar el cierre, ya que esto implica realojar los ancianos. Considerando las limitaciones del Estado para esta tarea, sólo se clausura cuando se llega a circunstancias extremas. Al resto se lo deja funcionar con sus carencias.
Eso es consecuencia, dicen algunos propietarios de residenciales, de requisitos demasiado exigentes para poder ser cumplidos. El principal reparo que hacen algunos es que se los ve como "pequeños hospitales, exigiendo servicios de asistencia que exceden la función de cuidado", dice Juan Esparcoff, médico e integrante de la comisión de la Aderama. "No es necesario tener un enfermero ya que no ejercemos la atención médica, cada anciano tiene su propia mutualista", dice. "Nuestro trabajo es cuidarlos, hacer de hogar familiar".
Grané, presidente de Aderama, sin embargo, considera que la ley ya fue discutida, se otorgaron plazos suficientes y ahora hay que cumplirla.
Adriana Rovira, directora del Instituto Nacional del Adulto Mayor del Ministerio de Desarrollo Social, concuerda en que el marco normativo actual es inadecuado, ya que debería enfocar las exigencias en los residenciales como centros de cuidado. "Tendríamos que articular qué es de la órbita sanitaria y qué es de la órbita social", dice Rovira. Y aclara que el hecho de que no estén habilitadas no quiere decir que no brinden un servicio adecuado al estándar internacional.
La carga tributaria es otro factor que llama, dicen, a la clandestinidad. Los residenciales privados no tienen ninguna exoneración, e incluso pagan tarifa comercial de UTE y OSE. Esparcoff dice que, si bien los residenciales son empresas con fin de lucro, también es cierto que cubren un vacío en cuanto a la atención, lo cual no es contemplado. Roberto Sconfienza, abogado de Aderama, dice que las altas exigencias llevan a una competencia desleal.
Igual, la deficiencia de los servicios sigue siendo otro buen motivo para escapar cualquier clase de control.
Esparcoff estima que, si se cuentan los centros clandestinos, el número de casas de salud ronda las 2.000. Es frecuente que algunas casas alojen dos o tres ancianos -para la ley son un grupo de reinserción familiar- y luego van agregando más personas, transformándose técnicamente en una casa de salud que no está sometida a ningún control. En estos casos, sin ningún cartel o signo visible, se hace difícil ubicarlos. Carlos Usleri, propietario del residencial Remansum, dice que para encontrar los residenciales clandestinos, basta con leer los clasificados. "Si ves un aviso: señora cuida anciana… es probable que sea un residencial", dice.
Los residenciales son vistos, además, como un negocio fácil. "En Uruguay hay sólo dos negocios que abren y cierran: los restaurantes y las casas de salud", dice Sconfienza. Se piensa que no es necesaria una gran inversión, y a los meses tienen que cerrar.
Existe el falso mito de que cuidar ancianos es fácil, dice Ricardo Alberti, responsable del Programa del Adulto Mayor del Ministerio de Salud Pública, ya que muchos piensan que "los pongo frente a la tele y ya está". Pero nunca nada es tan sencillo. Por eso muchos cierran. O peor, brindan un servicio deficitario.
Hace unos años, en el Ministerio del Interior funcionaba el Programa del Adulto Mayor. Ese equipo estaba formado por cinco oficiales y cumplía funciones de "policía", investigando los casos de abusos. La oficina recibía alrededor de 200 denuncias por año, y, según los consultados, fue desmantelada. Hoy el control es exclusivo del MSP, quien actúa principalmente en base a denuncias de familiares o instituciones referentes, como la Organización de Jubilados y Pensionistas.
En algunos casos, las denuncias provienen de médicos que descubren un residencial clandestino cuando responden a un llamado. Este es precisamente uno de los reclamos de Esparcoff, de Aderama, quien sostiene que el "clandestinaje" se solucionaría si el Ministerio cruzara datos con el banco de datos de las emergencias móviles. "Detectarlas es fácil, todas las casas de salud tiene al menos un residente de ASSE, y todas en algún momento tienen que llamar a una emergencia móvil. Si llegan y ven más de tres ancianos, es una casa de salud", dice.
No es fácil resolver el asunto. Una vigilancia estricta podría implicar el cierre de muchos centros, obligando a un realojo de miles de ancianos y el inevitable colapso del sistema. El MSP, con la colaboración de otros órganos, está actualizando los datos de los residenciales, identificando sus necesidades. En tanto, los uruguayos, delegamos el cuidado de los adultos mayores y esperamos que, por lo menos, la casa de salud cumpla con los requisitos mínimos. Y así poder dormir tranquilos.
Lo público, bueno pero saturado
A nivel público, la oferta es muy limitada. El Hospital Geriátrico Piñeyro del Campo -que, entre otros rubros, también funciona como un residencial- cumple tareas de cuidado, pero con capacidad para 300 personas, se encuentra saturado. Su funcionamiento ha recibido elogios. El Banco de Previsión Social (BPS) cuenta con 83 hogares sin fines de lucro y 13 centros diurnos adheridos, que reciben subsidios del organismo. Además, existen algunos centros como los refugios del propio BPS y del MIDES. Pero la base del sistema de cuidados de la tercera edad son los residenciales privados con fin de lucro, sean estos regulares o clandestinos.
INTERCAMBIO DE DATOS
Experiencia piloto
El Ministerio de Salud Pública mira como espejo la experiencia piloto desarrollada en Paysandú. Un intercambio de datos entre el MSP, el Mides y el BPS permitió conformar un estado de situación sobre los residenciales del departamento, revelando sus condiciones y necesidades. Magdalena Espillar, directora departamental de salud de Paysandú, calificó la experiencia como exitosa y reveló que los 31 residenciales del departamento estaban en buenas condiciones, aunque no quiso revelar si todos estaban debidamente registrados en el MSP.
SIN FINES DE LUCRO
Hogar Schiaffino
Detrás del Parque Posadas, funciona el Hogar Amelia Ruano de Schiaffino. Inaugurado en 1909, es uno de los más antiguos del país. Cuenta con 100 residentes y es administrado por una comisión de voluntarios. Si bien se cobra cuota, los ingresos son destinados al hogar. El centro es miembro de La Red de Hogares, que nuclea a 83 centros sin fines de lucro. Están adheridos por convenio al BPS, quién colabora con subsidios y préstamos no reintegrables. Algunos están vinculados a comunidades religiosas o étnicas específicas, como ser los hogares español, armenio, italiano o israelita.
VEJEZ DE CALIDAD
Residenciales VIP
La oferta alcanza a todos los estratos. En mayo, El País publicó una nota sobre residenciales de lujo, donde la cuota mensual puede rondar los 2.500 dólares. El edificio La Maison Senior en Pocitos, el centro LAR en Buceo o el hotel residencial Altos del Pinar, son algunos centros de alto nivel. Incluyen atención médica, enfermería, nutricionista, terapia y hasta un botón de pánico. También comodidades propias de un hotel, como servicio de mucama, cocina, piscina climatizada, peluquería y conexión Wi-Fi.
UN AVANCE
Poderes vigilados
Hay aspectos en los que se ha logrado avanzar. Por ejemplo: el control de los poderes, dice Mirna Martirena, de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas. Algunos ancianos no pueden valerse por sí mismos y otorgan un poder en favor de los propietarios para actuar en su nombre. Este poder es una herramienta legítima, pero en algunos casos se usó para retener las jubilaciones u obtener préstamos con las facilidades que el BPS otorga a los jubilados. "También existen casos de familiares que no los ven nunca, un día los sacan a pasear y terminan en la ventanilla del BPS", dice Martirena. Para evitar estos abusos, en el BPS se han intensificado los controles, y en algunos casos incluso se exige la presencia del titular.
POLÍTICAS INTEGRALES
Instituto propio
Este año comenzó a funcionar dentro del Mides el Instituto Nacional del Adulto Mayor, creado por la ley 18.617. El instituto preside un Consejo Consultivo, creado por la misma ley, que es integrado por el MSP, el BPS, la Cátedra de Geriatría de la Facultad de Medicina, el Congreso de Intendentes Municipales y organizaciones civiles representativas de jubilados y pensionistas. Su fin no es únicamente velar por las condiciones de los residenciales, sino promover políticas para la reinserción social de este sector.
Fuente: El País - Suplemento Qué Pasa 11/8/2012
http://www.elpais.com.uy/suplemento/quepasa/el-ultimo-techo/quepasa_656740_120811.html