En este artículo me propongo presentar una breve reseña de dos eventos recientes realizados en Costa Rica:
Tercera Conferencia regional intergubernamental sobre envejecimiento en América Latina y el Caribe
La CEPAL (Comisión Económica Para América Latina), a través del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)- y con ocasión de los 10 años del Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento (Madrid 2002), convocó la Tercera Conferencia regional intergubernamental sobre envejecimiento en América Latina y el Caribe, evento que tuvo lugar del 8 al 11 de Mayo de 2012 en San José de Costa Rica. La Conferencia, en la cual participaron delegados de los diferentes países, tenía como finalidad hacer seguimiento a los compromisos de la Segunda Conferencia intergubernamental (Brasil 2007) y al Plan de Acción Internacional (Madrid 2002).
En la Segunda Conferencia intergubernamental en el Brasil (2007), se había decidido enfocar el tema del envejecimiento desde la perspectiva de los derechos. Como consecuencia de dicha decisión se ha venido insistiendo en la necesidad de que Naciones Unidas adopte una Convención para la protección de los derechos de la vejez y nombre un Relator Especial para promover y proteger los derechos humanos de las personas mayores.
La Carta de San José sobre los derechos de las personas mayores de América Latina y el Caribe, documento resultante de la Tercera Conferencia intergubernamental, exhorta a todos los gobiernos de América Latina y el Caribe a garantizar a las personas viejas los derechos humanos, reconocidos en los distintos instrumentos nacionales e internacionales, pero, además, garantizarles los derechos especiales derivados de su condición de personas viejas. En este marco programático insta a los gobiernos a adelantar acciones en diferentes campos, tales como: salud, seguridad social, servicios sociales, empleo, migración, feminización del envejecimiento, derecho a una vejez activa, a la vivienda, la educación y el buen trato, derecho a la información, a la participación, a las actividades culturales, recreativas y artísticas, entre otros.
Un hecho importante de destacar en esta Tercera Conferencia intergubernamental, poco usual en conferencias gubernamentales, fue el haber dado la palabra a representantes de la sociedad civil y haber aprobado, en sesión plenaria, incorporar la Declaración de la Sociedad civil a las conclusiones de esta reunión de gobiernos. Sin embargo, hay que aclarar que esta decisión no aparece consignada por escrito en el documento final, aunque lo evidencia la memoria oral de la Conferencia.
Otros temas tratados en esta Tercera Conferencia intergubernamental, e importantes de resaltar fueron: el énfasis en la seguridad social –particularmente en la seguridad económica- de las personas mayores, cuyo cubrimiento sigue siendo bastante precario en América Latina. La necesidad de cuidado y cuidadores cuyos costos sean asumidos por parte de los Estados y no sólo, ni principalmente, por parte de las familias y sin reconocimiento económico alguno. Las migraciones, la perspectiva de género, la necesidad de superar situaciones de maltrato, condiciones de vida que imposibilitan bienestar, así como visiones asistencialistas.
Vale la pena mencionar la continuidad de algunos delegados gubernamentales, lo que habla bien de la seriedad con la que sus países quieren asumir sus compromisos frente al envejecimiento y la vejez. Esta actitud contrasta con lo que se observa en otros países, entre ellos Colombia, los cuales no parecen haberse dado cuenta de la importancia e implicaciones del envejecimiento y la vejez y la urgencia de darle prioridad en las políticas públicas. Probablemente esto explica la poca trascendencia que dan a la participación en este tipo de eventos, la cual, al parecer, dejan en manos de quien a última hora pueda estar disponible, sin tener en cuenta sus conocimientos acerca del tema.
Reunión Regional de la Sociedad Civil sobre Envejecimiento Madrid +10
También en Costa Rica, en la localidad de Tres Ríos, los días 6, 7 y 8 de mayo, previos a la conferencia intergubernamental, tuvo lugar la Reunión Regional de la Sociedad Civil sobre Envejecimiento Madrid +10, en la cual, como el nombre lo indica se hicieron presentes representantes de organizaciones sociales y redes, organizaciones no gubernamentales, instituciones religiosas y académicas de la sociedad civil de América Latina y el Caribe. Como hecho significativo se registra la participación numerosa y activa de personas mayores.
La reunión de la sociedad civil expidió la Declaración de Tres Ríos Costa Rica, un documento en el que se hace una descripción cruda de la situación de las personas mayores en América Latina y el Caribe, cuyos derechos “siguen siendo vulnerados”. La tesis que, a mi juicio, sintetiza la problemática de la vejez y de la cual se derivan todos los demás aspectos de dicha problemática, está contenida en el primer punto de la Declaración: “… A la gestión en relación con la vejez y el envejecimiento, le falta coherencia entre el discurso que enfatiza los derechos y el cumplimiento de los mismos. En este contexto, las personas mayores continúan sufriendo de discriminaciones múltiples; diferentes tipos de maltrato y violencia; pobreza, y falta de acceso a la justicia”.
De esta premisa se deriva la situación de inequidad en que viven la casi totalidad de las personas viejas en nuestros países: la falta de conocimiento que las políticas públicas evidencian sobre la vejez y su gran diversidad según género, etnia, cultura y contextos socioeconómicos; la falta de prioridad y de presupuesto de las políticas públicas sobre la vejez; los modelos de sistemas de salud implementados en los diferentes países que impiden el acceso de las personas mayores a este servicio fundamental, desatienden sus necesidades más prioritarias y no tienen en cuenta las características de la atención a las personas mayores; la falta de empleo y la informalidad que excluyen de la seguridad social y de la posibilidad de gozar de una vejez digna; los sistemas de pensiones de capitalización individual que generan inequidad y exponen a sus usuarios a los riesgos financieros; la tarea del cuidado a las personas mayores como responsabilidad de la familia, especialmente de las mujeres mayores, sin que el Estado asuma las responsabilidades que tiene en este aspecto; la no comprensión del significado de participación del adulto mayor, reducido al papel de beneficiario u objeto de la acción de los otros; las visiones negativas y la estigmatización de la vejez y el envejecimiento; la confinación de las personas viejas, sin su consentimiento, en establecimientos de “larga estadía” y con servicios de mala calidad.
A partir de este diagnóstico, la sociedad civil hace una serie de recomendaciones a los gobiernos con el fin de que garanticen los derechos humanos y los derechos especiales a los adultos mayores. Lo que, en últimas, significa que haya coherencia entre el discurso sobre los derechos y el cumplimiento de los mismos.
Fuente: Fundación CEPSIGER para el Desarrollo Humano – 30/5/2012.
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