Comienza la cuenta regresiva para Madrid + 10. Exactamente en el mes de abril del próximo año, se cumplirá una década desde el momento en que los representantes de Estados y Gobiernos dijeron que si estaban dispuestos a cambiar las realidades de abandono y maltrato de las personas de edad, y pensar para ellas una sociedad más justa, y más equitativa. Sin condiciones. Como se observa a lo largo de la declaración política, y en especial, en el artículo 5 de la misma.
Sin lugar a dudas en estos diez años se ha dado una evolución en materia de políticas públicas y legislación; y en algunos, se han logrado avances significativos. Aún así, es necesario insistir que en general, los ejes de las políticas siguen siendo programas asistencialistas, focalizados, que se concretan en subsidios o programas de alimentación para los grupos más pobres (indigentes, o de categorías muy cercanas). Cabe aclarar, que inclusive como “ayuda” es bastante poco si se considera que el subsidio que se ofrece es una pequeña dádiva con condicionamientos (entre los que se encuentra la mal llamada participación) y prácticamente lo básico en materia de salud (lo otro lo brinda el mercado pero, hay que tener capacidad de compra).
En cuanto a la legislación se refiere, a pesar de sus avances, poco garantiza porque su efectividad generalmente está supeditada a la existencia de unos recursos, que finalmente, se pierden entre la justificación de la sostenibilidad fiscal y el eterno juego de las prioridades.
Dicho de otro modo, en estos diez años nos encontramos con la gran contradicción entre lo que se propone teóricamente (Promoción y protección de los derechos humanos y libertades fundamentales) y la realidad que se vive. Para no ir más lejos, además de lo ya mencionado, al tiempo que se insiste en la importancia de la protección social, como si fuese sinónimo de Seguridad Social, porque parece compartir el mismo marco de los derechos, se estigmatiza a los grupos de pensionados y jubilados, señalándolos como los grandes culpables de las crisis económicas de los países, y los únicos responsables de la desprotección de las nuevas generaciones, y la descapitalización de los sistemas tradicionales. Se insiste en que no hay recursos, pero se mueven grandes inversiones en el sistema financiero, con importantes concentraciones de capital. Aumenta el desempleo, y el mercado laboral está soportado en contratos cortos y atomizados, de bajos ingresos, que no garantizan la subsistencia y mucho menos el ahorro.
A propósito, en materia de vejez y derechos humanos, el punto decisivo está en lo que se refiere a los regímenes pensionales, y desafortunadamente la tendencia general, salvo algunas excepciones en América Latina, es regresiva. Incluso en Europa, en donde se había llegado a unos estándares de protección que parecían irreversibles.
¿Qué se podrá esperar entonces, cuando se anuncia una nueva crisis económica mundial? Una vez más tendríamos que insistir en que no pocos problemas de la vejez dependen de cómo se haya dado el trascurso de la vida, en un contexto socio-cultural, político y económico. Si bien es cierto que se han elaborado políticas sociales por grupos poblacionales, así como para problemáticas específicas, estas difícilmente contemplan el tema del envejecimiento como transversal, razón por la cual no se facilitan las articulaciones entre las políticas, ni entre los sectores responsables de las mismas; y menos hay seguimiento y control indispensables para lograr una buena gestión.
En consecuencia, es el momento para analizar, más allá de los desarrollos teóricos, la efectividad y eficacia de lo que se plantea que existe, en relación con la garantía de los derechos. Así mismo, identificar las estrategias que se deben implementar para fortalecer la organización social, en el marco del control ciudadano, teniendo en cuenta que no se trata de distintos sujetos para cada política, sino de la misma persona que debe ser protegida durante toda su vida, con los requerimientos que puedan surgir en los distintos momentos de la vida.
Como van las cosas, los intereses económicos y políticos actuales están creando una vejez totalmente dependiente y enferma para el futuro. Y esto nada tiene que ver con los derechos humanos que los mismos Estados y Gobiernos viven promulgando.
Ver Boletín CORV Nº 14