Argentina. Los jubilados suman fuerza en sus reclamos

Organizaciones se unen por la movilidad en los haberes

Diario Popular
2/3/2008.
Por Natalia Muñiz

El reclamo por el 82 por ciento móvil de los haberes previsionales se hace sentir con más fuerza por parte de las organizaciones, federaciones y centros de jubilados y pensionados, quienes se unieron para exigir al Congreso nacional la sanción de una ley automática de movilidad y organizan una nueva movilización a la Casa Rosada.
"Buscamos la unidad de todas las organizaciones, sin banderas políticas, y en esto hay que insistir. Somos jubilados, pensionados y retirados que reclamamos el 82 por ciento móvil y vamos a trabajar para pedirle a los legisladores la sanción de una ley que otorgue la movilidad de los haberes", destacó Edelma Invernizzi, del Movimiento "Dignidad y Vida".
Este fue el acuerdo al que llegaron distintas asociaciones y federaciones de jubilados -de distinta ideología y orígenes- tras una movilización, la semana pasada, a la Casa Rosada, donde entregaron un petitorio. Y en los próximos días comenzarán a reunirse para organizar una nueva marcha, en la que apuestan redoblar la cantidad de asistentes.

La bronca

Entre las organizaciones convocantes se encontraron, además de "Dignidad y Vida", la Asociación 50 a 60, la Asociación Argentina de Jubilados Aportantes, Asociación Mayores Olvidados, los Jubilados del Congreso, los Jubilados de Plaza Lavalle, la Mesa Nacional Coordinadora de Organizaciones de Jubilados y Pensionados de la República Argentina, Movimiento General de Jubilados, Pensionados y Retirados adheridos a la CGT, Marinos Jubilados, el Partido Jubilados en Acción, el Parlamento de la Tercera Edad, representantes de federaciones y centros de jubilados de la Ciudad de Buenos Aires, el Conurbano, Mar del Plata, Rosario y de las provincias de La Rioja, Tucumán y San Luis, entre otras.
Al respecto, el socio fundador y ex presidente de la Asociación Argentina de Jubilados Aportantes, Omar Martínez, resaltó que de la movilización también participaron muchos adultos mayores que no pertenecían a ninguna agrupación.
"La bronca es muy grande entre los jubilados por la falta de movilidad de los haberes, una injusticia que se viene arrastrando desde hace una década. Además, el aumento que otorgó el Gobierno nacional -de 15 por ciento, 7,5 en marzo y 7,5 en junio- es otra cachetada, otra dádiva que no soluciona nada", sostuvo.

El petitorio

De igual forma, el presidente honorario de la Mesa Coordinadora, Luis Cortari, apuntó: "Es evidente que los jubilados están enojadísimos por la situación. La jubilación no alcanza para nada. Incluso algunos que cobraban lo equivalente a dos o tres jubilaciones mínimas y pensaban estar a salvo, por la falta de aumento -en años anteriores- a todas las escalas, cayeron a la mínima, y la indignación es muy grande".
En el petitorio, las organizaciones reclamaron a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner "que por un decreto de necesidad y urgencia se eleve la jubilación mínima al nivel del costo de la canasta familiar: 1.200 pesos". Y solicitaron, por tercera vez, una audiencia con ella.
También se reclamó a los diputados y senadores "la derogación de la Ley 24.241 -del Sistema de Jubilaciones-" y la sanción de una ley automática de movilidad.

El respaldo

En tanto, el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, respaldó el reclamo de los adultos mayores por considerarlo "justo y legítimo".
"La movilidad de las jubilaciones establecida en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional implica la necesidad de disponer de una pauta objetiva para realizar ajustes en los haberes, acompañando a las prestaciones en el transcurso del tiempo para reforzarlas a medida que decaiga su valor con relación a los salarios en actividad", señaló Mondino.
Asimismo, en la Defensoría del Pueblo de la Nación se trabaja para presentar, en los próximos días, una acción colectiva para que todos los jubilados sean alcanzados por el fallo de la Corte Suprema de Justicia en el caso de Adolfo Badaro, que dictaminó la actualización en un 88,6 por ciento de los haberes para el beneficiario por el período enero 2002-diciembre 2006.
Por su parte, la defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Pierini, y el titular del área de Tercera Edad, Eugenio Semino, presentaron un escrito ante la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) y el Congreso de la Nación solicitando "el reajuste de haberes previsionales de acuerdo con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia".
 
Recuadro: Actuación colectiva

Más de veinte mil jubilados y pensionados de todo el país adhirieron a la actuación colectiva presentada por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires a las autoridades de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) por un reajuste en los haberes previsionales, a fin de evitar un reclamo judicial masivo.
El escrito fue presentado por la defensora del Pueblo de la Ciudad, Alicia Pierini, y el titular del área de Tercera Edad, Eugenio Semino, al director de la ANSES, Claudio Moroni. Los defensores esperan una respuesta en los próximos días.
El grupo de jubilados firmantes, que encabeza Dante Zavatarelli y patrocina Semino, fundamentaron su pedido en el principio de igualdad, las normas internacionales de Derechos Humanos y el derecho a una mejor calidad de vida, se informó en un comunicado. Por su parte, en la adhesión a la actuación colectiva que suscribió la defensora Alicia Pierini se ratificó el principio de igualdad, destacando que "todos los casos análogos al caso Badaro deberían tener igual tratamiento por parte del Estado" y se solicita "la reliquidación de haberes de los presentes a fin de evitar el masivo reclamo judicial que dicha negativa ocasionaría".
Cabe recordar que la actuación colectiva se inició tras el segundo fallo de la Corte Suprema de Justicia a favor de la causa iniciada por el jubilado de la Marina Mercante Adolfo Badaro, a quien se le fijó un ajuste de 88,6 por ciento en sus haberes por el período enero 2002-diciembre 2006.
Si bien la actuación colectiva se presenta para los adultos mayores que tienen características similares al caso Badaro, quienes cobraban mil pesos en diciembre de 2001, porque los fallos de la Corte sentaron jurisprudencia; en la Defensoría también se reclama una mejora y movilidad para todas las jubilaciones.