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Guatemala. La Corte Constitucional deja sin efecto pensión para ancianos

Martes, 30 de Mayo de 2006
Políticas y Derechos


Suspende en forma provisional vigencia de ley de atención para el adulto mayor

Por: Sonia Pérez, Ana Lucía Blas
PrensaLibre sábado 27 de mayo de 2006

Los adultos mayores sin cobertura social tendrán que seguir esperando por una pensión del Estado, ya que la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió ayer la Ley del adulto mayor, que lo estipulaba.

Con el argumento de que el Estado quebraría si financia el pago del programa de ayuda al adulto mayor decretado por el Congreso, la CC suspendió en forma provisional la normativa.

En consecuencia, al menos 55 mil personas que serían beneficiadas con la Ley del adulto mayor, según la Asociación Nacional de Personas de la Tercera Edad sin Cobertura Social, tendrán que seguir esperando por el aporte de Q500 mensuales.

Fueron tres las inconstitucionalidades planteadas contra la Ley del adulto mayor que fueron acumuladas y resueltas ayer.

Entre las argumentaciones que hicieron los abogados que impugnaron Doris Magalí Gálvez y Rafael Cetina Gutiérrez, estaba que la ley es discriminatoria y que, además, podría fomentar “la vagancia”.

“El contenido de la ley generaliza de forma imperfecta, al concluir que toda persona comprendida como adulto mayor, por el simple hecho de adquirir una edad cronológica, ha servido a su patria; esto es falaz”, reza la impugnación.

Razonamientos

Al conocer de los recursos, el pleno de la CC argumentó que los contribuyentes tienen el derecho a hacer con sus impuestos lo que quieran, y que no es real que todos los adultos mayores hayan contribuido con la Patria.

Los magistrados titulares Alejandro Maldonado Aguirre y Francisco Flores se inhibieron de conocer las impugnaciones.

Maldonado argumentó que anteriormente asesoró al Ejecutivo sobre la forma en cómo vetar la ley, por lo que decidió no entrar a conocer los recursos. Con respecto a Flores, no se conocieron los motivos; los suplieron los magistrados Roderico Pineda y José Quesada.

El magistrado Quesada presentó en el pleno estadísticas en las que se señala que el Estado podría erogar hasta Q7 mil millones al año en pago a los adultos, según la ley impugnada.

Una ley difícil

La ley ordenaba que el Estado diera un aporte económico a los adultos guatemaltecos de origen, mayores de 65 años, que no tengan ingresos, con base en un estudio socioeconómico estricto.

El aporte sería entregado a los adultos que viven en el territorio nacional y que no tengan jubilación u otro aporte económico del Estado.

En su oportunidad, el presidente Óscar Berger vetó la normativa, aduciendo que el Gobierno no tenía fondos para cumplirla.

Tras el veto, el Congreso resolvió que el presidente había realizado ese acto en forma incorrecta, por lo que dio por sancionada la ley y ordenó su publicación.

Fue entonces cuando Berger solicitó un amparo a la CC, para frenar la publicación de la ley. El 6 de febrero de este año fue amparado.

Dos meses después, la CC revocó el amparo, y el Congreso ordenó la publicación de la norma que ahora queda en suspenso.

El Ministerio de Finanzas también había argumentado que la disposición no tenía fuente de financiamiento y que, por lo tanto, no podría cumplirse.

La ley estipulaba que sería del Impuesto al Valor Agregado (IVA) con el que se financiaría el pago. Sin embargo, Finanzas argumentó que ese impuesto ya tenía destino en el presupuesto nacional.

“Esto no acaba aquí”

El diputado Manuel Baldizón, ponente de la ley, mostró su rechazo por la suspensión.

“Vamos a seguir luchando; esto no se acaba aquí. Dan ganas de llorar de ver que la política a veces destruye las esperanzas de mucha gente que está desprotegida y que hoy tiene la ilusión de que el Estado, al fin, los pueda apoyar”, dijo.

Manifestó: “Estos actos lo que están provocando es que la población se agote, se canse y que busque otro tipo de salida que podría destruir la paz de los guatemaltecos”.

Contra la suspensión provisional no cabe ninguna acción, y sólo queda por esperar la resolución definitiva.

Adultos mayores: “Es una burla”

“Frenar una ley tan necesaria para nosotros es una burla de las autoridades. Lucharemos hasta que se cumpla con ella”, expresó ayer Héctor Montenegro, de la Asociación Nacional de Personas de Tercera Edad sin Cobertura Social.

Jorge Ballesteros, del Instituto Nacional del Adulto Mayor, lamentó la decisión de la CC. “Es una muestra más de la poca voluntad del Gobierno para atender nuestras carencias”, aseguró.

Costos del proyecto

Aunque los costos de la Ley del adulto mayor se estiman en Q200 millones anuales, las autoridades calculan que el pago de una pensión ascendería a Q1 mil millones.

El aporte económico sería el 40 por ciento del salario mínimo para los trabajadores del sector agrícola, que es de Q42.26 por día, lo que representará unos Q509.52 mensuales. El Gobierno afirma que sería necesario un nuevo impuesto para pagar esa pensión.

Las autoridades prevén que más de 165 mil ancianos recibirían la pensión, aunque se estima que el número podría aumentar en cinco mil cada año.

En detalle: Estructura

Las autoridades han analizado la estructura que requeriría poner en marcha el proyecto.

Cerca de Q25 millones serían invertidos en crear la estructura de funcionamiento, la cual estaría cargo del Ministerio de Trabajo, y se requerirían Q10 millones cada año, para las actividades operativas.

El Programa contaría con un fondo de pensiones de Q200 millones, provenientes del 1.85 por ciento del IVA. Sin embargo, esa cifra se quedaría corta.

Una de las etapas más difíciles sería verificar las condiciones socioeconómicas de los solicitantes.

En el pleno: Resolución dividida

Las diferencias de criterio entre los magistrados de la Corte de Constitucionalidad no se hicieron esperar en una de las primeras resoluciones de impacto que conocieron.

Unos a favor de suspender la norma, otros no.

Al final fueron cuatro contra tres los votos en los que se impuso la línea de la suspensión provisional, con el argumento de que la Ley del adulto mayor afectaría el presupuesto nacional.

Los que se oponían a la suspensión adujeron que éste era un paliativo a la precaria situación de los ancianos. En la resolución aún está pendiente la posición del magistrado Cipriano Soto.