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Una pensión básica garantizada por el Estado no presionaría el gasto público

Viernes, 24 de Marzo de 2006
Políticas y Derechos

Según un estudio del economista Manuel Riesco publicado por Expansiva


LA NACION
Santiago de Chile
20.03.2006
Raúl Rivera

Según la investigación, sin gastar más de lo que actualmente se destina a pensiones públicas, el fisco podría entregar jubilaciones por un monto mínimo de 100 mil pesos hasta el 2045

Aunque Manuel Riesco se ha erigido como una de las voces críticas del sistema económico, la claridad de sus conceptos no se desvanece. Para el vicepresidente del Centro del Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (Cenda) en la actual discusión que se inicia sobre la reforma previsional se debe tener claro que los problemas de cobertura no tienen solución al interior del actual sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). A su juicio, la realidad del mercado laboral chileno -donde más de la mitad de los trabajadores tiene una baja densidad de cotizaciones- demuestra que los ahorros individuales no son suficientes para financiar las pensiones de la mayoría.

Según una investigación realizada por Riesco y publicada por el centro de pensamiento Expansiva, actualmente un millón 178 mil 185 personas reciben pensiones públicas, las que cubren a un 73,9% del total de adultos mayores. En tanto, si se consideran los mayores de 70 años, más del 90% de ellos percibe una pensión estatal de algún tipo.

En tanto, las AFP entregan pensiones a 69 mil 207 adultos mayores -lo que equivale a un 4,3% del total- financiadas en forma íntegra con los fondos acumulados en las cuentas individuales. Además, la industria entrega una quinta parte de las 65 mil jubilaciones mínimas garantizadas, sobre las que el Estado debe aportar el resto.

Para Riesco, las cifras demuestran que la actual cobertura previsional es significativa, empero, se basa en los aportes que realiza el fisco y baja drásticamente para los afiliados a AFP. "Según el propio Gobierno, la capitalización individual ni siquiera es capaz de financiar pensiones mínimas a casi dos tercios de sus afiliados y la garantía estatal respectiva no alcanza a cubrir un 10%, lo cual deja a más de la mitad de ellos sin cobertura", indica la investigación. Agrega que este no es un problema del futuro, sino que afecta a la mitad de las más de 100 mil personas que cada año alcanzan la edad de jubilar. "Hay que atender el drama de los afiliados a AFP que alcanzan la jubilación. La mayoría de ellos no tiene en su cuenta previsional los casi 14 millones que se requieren para que puedan obtener una pensión mínima, situación que se agrava en el caso de las mujeres. Tampoco poseen las 240 cotizaciones exigidas para optar a la garantía estatal de pensión mínima y la mayoría de ellos no son indigentes, razón por la cual quedan excluidos de la pensión asistencial".

Junto a la cobertura, otra situación que puede ser lamentable para quienes cotizan en el sistema privado son los montos de la pensión. "Un 14% de las pensiones públicas son asistenciales, por un monto promedio de 41 mil pesos. Como muchos afiliados no cumplen con las condiciones para acceder a la pensión asistencial, eso significa que sólo recibirán el monto ahorrado en su cuenta individual. Esto es un drama, porque muchas personas ya reciben menos de 10 mil pesos de jubilación", aseveró Riesco.

En este contexto, el investigador sostuvo que una de las condiciones de esta reforma debe ser que el Estado, al menos, mantenga sus compromisos con la previsión de los chilenos. "La promesa de retribuir este enorme esfuerzo de ahorro de los trabajadores con pensiones dignas no se ha cumplido hasta el momento y al parecer tampoco se cumplirá en el futuro. De ahí que resulta indignante que cuando se busca compensar esa carencia con pensiones públicas de algún tipo, se pretenda poner requisitos adicionales de ahorro para concederlas en plenitud. Por ello, debe otorgarse una pensión pública básica a todos quienes la requieran, adicional a lo que obtengan de las AFP".

Garantía estatal

Para el miembro del Cenda, el Estado está en condiciones de entregar una pensión básica sin presionar el presupuesto fiscal. En este sentido, dijo que se debe despejar uno de los mitos demográficos que se utilizan comúnmente. "Los adultos mayores van a crecer hasta mediados de este siglo a una tasa de 2,6% anual promedio. Esta cifra es superior al incremento de la población total, de 0,5% anual. Sin embargo, el producto interno bruto crecerá más rápido que los adultos mayores, por lo cual cada año el país cuenta con más recursos para atenderlos".

Explicó que si se mantiene el gasto público en pensiones, equivalente a cerca del 6% del PIB -un tercio del presupuesto público total-, sería posible al 2010 entregar pensiones públicas a un 85% de los adultos mayores, por un monto mínimo de 100 mil pesos al mes. En tanto, al 2045 se podría aumentar el monto de la pensión básica a más de 250 mil mensuales, con la misma cobertura del 85%, debido a que ya no existirá buena parte de los compromisos previsionales del sistema antiguo.

Según Riesco, si la reforma mantiene la obligación de tener un fondo de capitalización individual -lo que debe ser decidido en un plebiscito- este sistema debe ser administrado por un sistema de amplio consenso, "ciertamente no las AFP".

Al respecto, dijo que las empresas del sector son un oligopolio, "que descuenta el 10% de los salarios de todos los trabajadores (300 millones de dólares al mes) para luego prestárselos a los empresarios, de los cuales la mayoría son extranjeros. Por este servicio cobran 335 mil millones de pesos al año en comisiones, de los cuales mil millones se gastan en dietas de los directores", recalcó.

Aún más. Riesco recordó que las AFP sólo se preocupa del aspecto financiero y no velan por el bienestar y dignidad de sus afiliados, como sí lo hace el sistema público a través del Instituto de Normalización Previsional (INP). LN

Los primeros pasos de la reforma previsional

"Si bien el actual sistema de pensiones ha tenido una serie de éxitos y beneficios, también tiene un conjunto importante de deficiencias que debemos superar. Se implementó hace 25 años y es momento de hacer una evaluación y las reformas y correcciones necesarias". Bajo esta premisa, la Presidenta Michelle Bachelet anunció el viernes, en La Moneda, la conformación del consejo asesor presidencial para la reforma previsional. Esta instancia -constituida por 15 miembros- es presidida por el ex director de Presupuesto de la administración Lagos, Mario Marcel. Los otros integrantes son Harald Beyer, David Bravo, Axel Christensen, Regina Clark, Alvaro Clarke, Rossanna Costa, Martín Costabal, Margarita María Errázuriz, Alejandro Ferreiro, Augusto Iglesias, Alejandra Mizala, Andrea Repetto, Jaime Ruiz-Tagle y Andras Uthoff.

"El objetivo del consejo es elaborar propuestas para la reforma del sistema de pensiones, orientadas a resolver los problemas principales del sistema vigente", explicó la Mandataria. De esta manera, el grupo deberá recoger, a través de un amplio proceso de consulta político y ciudadano, las diferentes propuestas, para luego enfocar y sistematizar la discusión sobre la previsión. Luego emitirá un informe, cuyo borrador será presentado, a más tardar el próximo 15 de junio, al comité de ministros de la reforma, integrado por el ministro del Trabajo y Previsión Social (presidente del consejo), el ministro de Hacienda, la ministra Secretaria General de la Presidencia, la ministra del Servicio Nacional de la Mujer y el director de Presupuesto. Una vez hechas las observaciones de los titulares de cartera, se elaborará un texto definitivo que se presentará a la Presidenta el próximo 30 de junio, quien enviará dentro del segundo semestre el proyecto al Congreso.

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Nota: Ver documento en www.expansiva.cl